Si bien las sanciones dispuestas por la Policía y el Gobierno son catalogadas como muy duras, puede decirse que son algo benévolas si se tiene en cuenta que los involucrados cargarían con causas penales abiertas.
A los dos oficiales, que están sospechados del delito de defraudación, los castigaron con 30 días de suspensión. Es decir que serán suspendidos y no cobrarán sus haberes por ese tiempo, pero luego de cumplir el castigo volverán a trabajar normalmente en la fuerza. A todo eso, la causa penal seguirá su curso.
En el caso del agente y los suboficiales cesanteados, la situación es distinta. Todos ellos fueron echados, pero la figura de ‘cesantía’ les permite recibir una pensión mínina en caso de tener 20 años de aporte jubilatorio. En el caso de exoneración, pierden todos los derechos.