En la Fiscalía de Estado están atentos a la evolución del conflicto médico, porque de eso depende la presentación de una acción judicial para evitar que la población quede sin atención en el sector público durante los días de paro anunciados para el mes entrante. La decisión del Gobierno provincial es garantizar el servicio de salud y según dijeron fuentes calificadas, podría hacerse a través de un amparo u otra acción que está en estudio. De esta forma, la cuestión llegaría por primera a los estrados judiciales.
En San Juan ya hay antecedentes en los que el Estado apeló a la Justicia ordinaria para que un servicio considerado esencial no se interrumpa. Lo hizo en reiteradas oportunidades cuando los trabajadores nucleados en la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) ejecutaron largos paros de actividades para reclamar una recomposición de sueldos. En medio del revuelo, el por entonces titular de Juzgado Civil Nº 4, Roberto Pagés, ordenó la inmediata vuelta de los docentes a las aulas para que los alumnos de las escuelas públicas no continuaran perdiendo días de clase.