La asamblea antiminera “Jáchal no se toca” había presentado en el Juzgado de Casanello una medida cautelar para paralizar la planta de lixiviación, y como cuestión de fondo había planteado el cierre de Veladero, “para remediar la contaminación”, explicó el abogado Marcelo Arancibia. Antes de hacerle lugar a la cautelar, el juez dispuso que una comisión de expertos realizaran pericias en la mina y en la zona para establecer si el derrame afectó cuencas subterráneas. Con el fallo de la Corte Suprema, los resultados de esas medidas sólo serán útiles para Casanello si tienen que ver con la investigación de la responsabilidad de los ex funcionarios nacionales kirchneristas. En principio, si alguna de ellas llegara a indicar que debería frenarse la actividad en la mina por algún eventual riesgo, el juez deberá enviar los resultados a Oritja, quien es el magistrado competente y el que tendrá la última palabra.
