A escasos metros del Centro Cívico hay un geriátrico que la Justicia clausuró el año pasado por falta de habilitación, pero que sigue funcionando. Pese a que en julio de 2015 el juez de la causa pidió a los familiares de los abuelos que los trasladaran a una institución habilitada, esto no se concretó. Ayer, Salud Pública intervino en el caso para llevar a los ancianos a otras residencias. Esto salió a la luz luego de que Alberto Carrizo, un pastor evangelista, denunciara a través de las redes sociales maltrato y abandono de persona en este geriátrico. La denuncia fue desestimada por la Justicia, Desarrollo Humano, Salud Pública y hasta los propios familiares de los abuelos.
El 14 de julio del 2015, Enrique Mattar, a cargo del Tercer Juzgado de Faltas, clausuró provisoriamente el geriátrico ubicado en calle Rivadavia, casi Juez Ramón Díaz, en Capital, por falta de habilitación para funcionar. Sin embargo sigue abierto y dando alojamiento a 12 ancianos. ’La clausura de un geriátrico no consiste en ponerle una faja y listo. Hay que reubicar a los abuelos. Cuando clausuré este sitio intimé a su propietaria a no recibir más residentes, a que tramitara las habilitaciones correspondientes y que les avisara a los familiares de los abuelos que los retiraran del lugar. Yo también los llamé personalmente para comunicarle que el lugar estaba clausurado y que debían llevarse a los ancianos. Pero no lo hicieron. Desde la Justicia Ordinaria no se les puede obligar a que lo hagan’, dijo Mattar.
En tanto los familiares de los residentes dijeron que sabían que este geriátrico no estaba habilitado, pero que nadie les dijo que tenían que trasladar a los abuelos. Algunos lo hicieron ayer cuando la propia dueña del lugar les pidió que se los lleven a raíz del escándalo que se desató por la denuncia en las redes sociales.
Luego de esto, Salud Pública se hizo presente en el lugar para realizar una inspección, mediante la cual se determinó que además de no tener la habilitación correspondiente tampoco cuenta con el equipo médico indispensable requerido en un geriátrico. ’Descubrimos que en este lugar no hay médicos, nutricionistas ni personal de enfermería. Los abuelos sólo están en compañía de personas que se encargan de darles de comer e higienizarlos. Por eso ya hablamos con los familiares para que los trasladen a otra de las 25 residencias habilitadas. Ya hemos consultado a algunas y nos dijeron que tienen disponibilidad para recibirlos. Algunos familiares nos dicen que en otros geriátricos cobran más caro, pero yo les digo que tienen que valorar la calidad de vida de los residentes por sobre todas las cosas’, dijo Walter Antuña, director de Regulación y Control de Salud Pública.
El funcionario dijo que Salud Pública sabía que este geriátrico estaba clausurado, pero que desconocía que estaba funcionando. Según Mattar, esto puede ser porque el geriátrico ya había sigo clausurado dos veces cuando funcionaba en otro domicilio. ’Es la tercera vez que le clausuramos el geriátrico a esta mujer, pero lo muda de domicilio para que le perdamos el rastro. Las veces anteriores también lo clausuramos por falta de habilitación, pero no por maltrato a los abuelos’, dijo el juez.
SUPUESTO MALTRATO:
En declaraciones radiales, Roxana Atencio, la dueña del geriátrico, reconoció que el lugar fue clausurado por la Justicia por falta de habilitación, pero negó el maltrato o abandono de los abuelos, tal como muestran las fotos publicadas en Facebook. ’La responsable de esas fotos es una empleada que se llama María y que trabajó diez días en el geriátrico. La despedí porque le robaba cosas a los abuelos’, dijo la mujer.
Los familiares de los residentes dijeron que no tienen quejas del lugar y que los ancianos son bien atendidos. En tanto que desde Salud Pública, Desarrollo Humano y la Justicia descartaron el maltrato o abandono de los ancianos. Aclararon que sólo hay una abuela desnutrida, pero a causa de una enfermedad terminal.