Justicia local
�Otra causa que se tramita en el Cuarto Juzgado de Instrucción es contra Rubén Castro, que era el presidente, y Roberto Bazán, el extesorero de la Mutual, ambos complicados por una denuncia de haber cometido administración fraudulenta en la institución.
Ese caso saltó a la luz cuando la nueva gestión hizo una denuncia penal luego de una investigación que arrojó fuertes sospechas de manejo irregular de los recursos. La entidad estaba fuertemente endeudada, por cifras que rondaban los 7 millones de pesos, de los cuales unos 5 millones correspondían a acreedores que no podían justificar qué servicios le prestaban a la entidad. Al parecer, los exdirectivos recurrían a prestamistas que proporcionaban dinero fresco para el funcionamiento de la institución, pero con un alto costo por las altas tasas de interés que cobraban. Ambos ya fueron indagados.
Justicia Federal
�La última presentación de los directivos de la Mutual fue ante la Justicia Federal, para que el juez Leopoldo Rago Gallo investigue si también hubo lavado de dinero y evasión de impuestos en maniobras sospechadas de irregulares. En la mira están dos abogados, quienes, supuestamente, daban préstamos a tasas de usura y que operaban con la entidad en forma irregular porque no hay documentación que respalde los créditos que otorgaban ni figuran en los registros contables. Los letrados sospechados son Jorge Lecich, apoderado de la financiera Samy SRL, quien realizó préstamos a la Mutual por un total de 600.000 pesos. El otro es Rolando Nafá López, que es el mayor acreedor de la entidad, por 2,6 millones de pesos. Aún no hay requerimiento del fiscal federal Francisco Maldonado, que fue quien recibió la denuncia.
