El caso conmovió a la opinión pública en enero pasado: casi dos centenares de cabras a las que se les podía contar las costillas apenas podían mantenerse en pie en un corral privado en Pocito, mientras varias yacían muertas y a todas las sobrevolaban los jotes, esperando que cayeran para devorarlas. Este cuadro espantoso llegó a la Justicia de Paz del departamento, donde finalmente se tomó una decisión. De esta manera, según una resolución firmada por el juez Fernando Vargas, todas las cabras que hay todavía en ese lugar deben ser decomisadas y entregadas a las escuelas agrotécnicas de la provincia. A la vez, tanto la empresa a cargo del corral como su representante legal deben pagar multas por 14.000 pesos en total. Y el responsable ahora está obligado a tomar un curso para aprender a convivir con los animales y el medio ambiente.
Las cabras que a duras penas sobrevivieron a la hambruna a la que estaban siendo sometidas son, según la resolución judicial, 115; a ellas se agregan 11 ovejas que estaban en el mismo lugar y en idénticas condiciones. Como allí no tenían comida y casi no había agua, la Justicia de Paz entendió que se estaba violando el Código de Faltas y una ley medioambiental. Entonces se arremetió contra la empresa Cabaña Las Majaditas y su representante Víctor Hugo Alaniz, a cargo del establecimiento.
Ahora se espera que los animales se recuperen en las escuelas agrotécnicas, donde las criarán con fines pedagógicos. De hecho, estas escuelas fueron los últimos depositarios judiciales de las cabras, dado que el anterior, el propio Alaniz, ni siquiera bajo esa figura cumplía con el mandato judicial de darles de comer.
Por eso el castigo es severo y va más allá de quitarles los animales. Por un lado, la empresa deberá pagar una multa de 7.000 pesos. Por el otro, Alaniz tendrá que pagar una multa idéntica, y además debe tomar sí o sí un curso de dos días "referido a la convivencia del hombre, el animal y el medio ambiente" (según establece lo resuelto por el Juez), que dictará la Subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia.
De este modo se cierra una historia que había tenido muchos capítulos y protagonistas. Ni bien tomó estado público el abandono de los animales en el establecimiento de Carpintería, intervinieron la Policía Ecológica, la Justicia de Paz y el Gobierno de la provincia. En un principio se dijo que el área de Desarrollo Pecuario iba a poner fardos de pasto para engordar las cabras, y recién entonces las repartirían entre los vecinos de la zona. Pero esta última opción fue desechada, y la decisión final fue que los animales fueran a parar a las agrotécnicas, para que empiecen a tener una calidad de vida totalmente superior a la que traían.