La orden a Interpol de búsqueda y captura, de la jueza María Servini de Cubría, sobre cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas, supuestamente involucrados en delitos de represión ilegal durante el régimen de Francisco Franco, ha repercutido con diferentes matices. Para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, grupo que presentó la querella en la Argentina en 2010, esto abre una puerta a personas que llevan 77 años esperando, en alusión a la cruenta guerra civil (1936-1938) encabezada por el generalísimo.
La jueza dispuso la captura de Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal, José Ignacio Giralte y Juan Antonio González Pacheco, basándose en el Código Penal argentino y en la Convención Internacional contra la tortura. Intenta interrogar a los acusados del delito de torturas, considerado un crimen de lesa humanidad y por ello imprescriptible. Quienes ponderan esta decisión, la califican de "histórica”, porque es la primera vez que se exige que alguien responda por lo hecho durante la dictadura franquista.
Esta cuestión la circunscribe el Gobierno de Rajoy al ámbito judicial. Vale recordar que España promulgó en 1977 la Ley de Amnistía, por la cual prescribieron los crímenes durante la Guerra Civil, una norma que ignoró el juez Baltazar Garzón y el Tribunal Supremo de España lo procesó, en septiembre de 2010 por un presunto delito de prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. Finalmente Garzón fue absuelto, al considerarse que su decisión fue "errónea” pero no prevaricadora. Ahora nadie apuesta al éxito que puede tener la audaz movida de la jueza argentina.