El Gobierno provincial saldrá a contratar agencias de seguridad privada para cuidar los establecimientos educativos del sector público, que desde los últimos años son blanco de una creciente ola de daños y robos. La medida se podrá implementar una vez que la Cámara de Diputados apruebe una excepción a la ley que establece que los edificios públicos sólo pueden ser custodiados por la Policía. En 2008 se aplicó la misma estrategia en los centros de salud, con el objetivo de frenar los actos de vandalismo que venían sufriendo.
“Hemos tenido muchos robos en escuelas en los últimos meses y hay algunas que han sufrido varios hechos”, explicó ayer la ministra de Educación, Alicia García, a modo de argumento. Ella y su equipo de colaboradores serán los encargados de analizar en qué establecimientos hace falta reforzar la seguridad con una agencia privada.
Para poder avanzar, hace falta remover el escollo legislativo que dice que es una tarea exclusiva de la Policía. Por eso, la gestión giojista mandó un proyecto a la Cámara de Diputados que será tratado en la sesión de hoy. Y como el oficialismo tiene amplia mayoría en el recinto, es un hecho que la cartera educativa será habilitada a contratar a las empresas del sector privado que ofrecen servicios de vigilancia.
Bajo la órbita del Ministerio de Educación hay más de 800 edificios, en los que funcionan escuelas de Nivel Inicial, primarias, secundarias, de capacitación, de formación docente, juntas de clasificación y unidades de gestión. Frente a la repetición de hechos delictivos en semejante universo, García aseguró que “la Policía no puede cubrir todas las situaciones”. Mientras que su par de Gobierno, Adrián Cuevas, reconoció que “se complica” custodiar la totalidad de los establecimientos.
En definitiva, la idea es salir a prevenir que se repliquen asaltos en los edificios donde estudian miles de niños y adolescentes sanjuaninos. En lo que va de este año, entre decenas de hechos, en la escuela Francisca Ríos de Páez robaron 15 netbooks del Plan Conectar Igualdad, 10 kg de leche, varios paquetes de azúcar, 40 litros de pintura, 2 ventiladores de techo, 2 discos rígidos y herramientas; el colegio San José de Calazán fue víctima del robo de un monitor y destrozos en las instalaciones, la escuela Provincia de La Rioja sufrió el enésimo golpe cuando malvivientes arrancaron pantallas de gas de algunos cursos, en la Diógenes de Perramón se llevaron alimentos y libros y en la Alas Argentinas alcanzó al triste récord de 25 atracos (ver recuadro con foto).
García aseguró ayer que apenas les den el visto bueno a la excepción en Diputados, se sentarán a resolver dónde comienzan a poner seguridad privada y la frecuencia de la vigilancia. Por lo pronto, ya tienen decidido contratar el servicio para el instituto de formación docente Margarita Ferrá de Bartol, que fue inaugurado recientemente. Allí está previsto que funcionen tres instituciones, habrá una gran concurrencia de personas y la idea es tener custodia todo el día, aseguró la titular de la cartera educativa.
El Ministerio de Educación podrá echar mano únicamente a las 21 agencias seguridad que hay habilitadas en la provincia (otras no cuentan con todos los requisitos que exige la ley y no pasaron los controles oficiales). De acuerdo a los datos que tiene el Ministerio de Gobierno, entre todas suman entre 1.500 y 2.000 efectivos.