La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo una queja pública contra el Gobierno: informó que la Jefatura de Gabinete le impide ejecutar un aumento de sueldos, porque no le aprueba la reasignación de los fondos y se quejó de la falta de respuesta a sus comunicaciones.

El Poder Judicial no tiene autarquía económica. Necesita la autorización del Poder Ejecutivo para reasignar partidas y para disponer de los excedentes de recaudación. Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), que depende de la Corte, el máximo tribunal había dispuesto un aumento para ‘todas las categorías del escalafón del Poder Judicial‘ del 10%, pero necesita las ‘modificaciones presupuestarias pertinentes‘.