La fiscal correccional Estela Marys Romero, en cuyo despacho recayó la denuncia del caso por parte del ministro de Salud Oscar Balverdi, solicitará finalmente la instrucción y lo hará hoy ante el Juzgado Correccional a cargo del juez Eduardo Gil, según altas fuentes de Tribunales. Una vez que se realizó la denuncia, Romero debía determinar si había o no delito y, de acuerdo a las mismas fuentes off the record, encontró elementos como para encuadrar la causa en la violación de secreto previsto en el artículo 156 ó 157 del Código Penal. El primero indica que será reprimido con multa de $ 1.500 a $ 90.000 e inhabilitación especial por seis meses a tres años, el que teniendo noticias, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa.

El artículo 157, por su parte, indica que será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por uno a cuatro años el funcionario público que revelare hechos, actuaciones o documentos que por la ley deben quedar secretos.