El hasta ayer presidente egipcio, Hosni Mubarak, llegó a la jefatura de Estado tras ser vicepresidente de Anwar El Sadat, asesinado en un atentado de su propia guardia el 6 de octubre de 1981.

Profundizó los lineamientos de su antecesor y gobernó con mano de hierro y en estrecha consonancia con los Estados Unidos, consolidando el acuerdo de paz con Israel e introduciendo profundas reformas neoliberales en la economía.

Con 82 años y acosado por un cáncer, Mubarak renunció ayer a la presidencia debido a las fuertes presiones populares. Al igual que El Sadat, Mubarak tuvo una formación académica militar tras pasar por la Academia Militar de Egipto y la escuela de la Fuerza Aérea local. Ambos pertenecían al Partido Nacional Democrático. Este partido había sido fundado por Gammal Abdel Nasser con una fuerte impronta de nacionalismo popular árabe, pero ambos sucesores siguieron una política opuesta a la del iniciador.

Mubarak representó a la Fuerza Aérea egipcia ante la ex Unión Soviética, y la dirigía cuando un fulminante ataque israelí destruyó en tierra tres cuartas partes de sus aviones en la guerra de los Seis Días de 1967. Volvió a comandarla durante la guerra de Yom Kippur contra Israel en 1973.

En 1975 Sadat lo nombró su vicepresidente. Tras el asesinato del "Faraón" Sadat en 1981 (a cargo de la propia guardia presidencial en medio de un desfile militar), Mubarak tomó las riendas del país y del Partido Nacional Democrático.

Reelecto en 1987, 1993, 1999 y 2005, debido a las protestas debió renunciar a un quinto mandato y, a partir de ayer, también a comandar la transición, tal como él se lo había propuesto.

En el interior del país, ejerció un control férreo, ayudado por la Ley de Emergencia, vigente durante todo su mandato.

Dicha ley adquirió justificación cuando con ella se logró contener la ola de terrorismo islámico que sacudió Egipto en los años "90, pero también le sirvió a Mubarak para barrer la oposición política a su régimen.

Con la excusa de la lucha contra el terrorismo, la Ley de Emergencia permitió suspender las libertades de prensa y asociación, amplió los poderes de los órganos de seguridad y anuló derechos civiles y políticos como el derecho a la huelga, o a ser asistido por un abogado en caso de ser detenido.