Quienes piden variantes coinciden en que se debe ampliar en un miembro más la autoridad de aplicación, que continuará en la órbita del Poder Ejecutivo, y no funcionando como autónomo, como pedían sectores de la oposición.

En cuanto al ingreso de empresas telefónicas, se prevé que sólo lo puedan hacer dentro de tres años, y que, para ello, deberán ceder el 15% de su tendido, por localidad, para evitar eventuales monopolios.