�La ley cerrojo data de 2005, cuando Roberto Lavagna era el ministro de Economía de Néstor Carlos Kirchner. Impide que la Argentina inicie nuevas negociaciones por los canjes de bonos en cesación de pagos. La ley de pago soberano fue promulgada hace dos años, y esquivaba un fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa que prohibía el pago a bonistas reestructurados hasta que se acordara con los fondos buitres que no aceptaron entrar al canje cerrado luego del default de 2002 (es decir, los que se negaron a entrar a los canjes de deuda de 2005 y 2010, que quedaron por fuera del 93 por ciento que aceptaron las quitas de hasta un 70 por ciento del valor nominal de los bonos).
Según observadores, un acuerdo con bonistas marca el paso fundamental en la normalización de la relación de Argentina con el mercado de capitales, que permitirá acceder a financiamiento externo de largo plazo para financiar inversiones en infraestructura y acercarse a la meta de reducción del desempleo y pobreza cero de esta administración.
Según el proyecto, se autoriza a emitir títulos por plazos de 5, 10 y 15 años por los cuales se abonarán tasas promedios del 7 por ciento para obtener el efectivo necesario para cancelar en efectivo la deuda. En el caso de los tenedores que tengan sentencia firme con anterioridad a febrero de 2016 se reconocerá el 70 por ciento del reclamo legal como el caso del fondo NML.