El Tribunal de Cuentas y el IPEEM son organismos clave en el funcionamiento del Estado. El primero tiene la facultad de controlar si los funcionarios invierten bien los recursos públicos y en caso de sospechar de algún perjuicio, puede investigarlos y pedirle a la Fiscalía de Estado que los ejecute judicialmente para que paguen de su propio bolsillo. El IPEEM administra las áreas mineras de la provincia y maneja un fondo que se constituye con un canon que pagan las empresas por las concesiones mineras. Además, recibe aportes provenientes de las regalías mineras y decide en qué gastarlos.
