La medida establece que los actores mineros que sean titulares de Autorizaciones Transitorias Especiales (concesiones o contratos mineros), deberán registrar su derecho en el Sergeotecmin, adjuntando un plan de implementación y desarrollo de actividades mineras en el plazo de cuatro meses, a partir de la presente ley.
Además, se fija que la falta de registro en los términos establecidos en la presente medida legal, se constituyen en causal de caducidad y de rescisión de contrato sin derecho a indemnización; por tanto, se revierte la concesión minera a dominio del Estado.
La verificación de las actividades mineras será realizada por el Ministerio de Minería de acuerdo a procedimientos técnico-operativos a ser aprobados por decreto.
La medida señala que en caso de establecerse la inexistencia de la implementación o del desarrollo de actividades mineras sujetas a Autorizaciones Transitorias Especiales, las autoridades competentes, sobre la base de la verificación realizada por el Ministerio de Minería, determinarán la caducidad del contrato de concesión.
En el caso de contratos mineros vigentes suscritos por la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), cuando se establezca la inexistencia de la implementación o del desarrollo de actividades mineras de acuerdo a lo establecido en la ley, los contratos deberán ser resueltos por la minera estatal.
La norma establece que las áreas que se reviertan a poder del Estado a consecuencia de la caducidad o resolución conforme a lo previsto en la presente ley serán consideradas "reserva fiscal".
La ley aclara que en los contratos que se resuelvan sobre áreas en las que Comibol ejerza titularidad, éstas se mantienen a favor de la empresa estatal.
"La áreas que se reviertan a consecuencia de la caducidad o resolución conforme a lo previsto en la presente ley, podrán ser asignadas a los distintos actores productivos mineros, de acuerdo a un plan de desarrollo minero y a la nueva Ley de Minería en su procedimiento, y los contratos que se resuelvan sobre áreas de la estatal Comibol que ejerzan titularidad, éstas se mantendrán a favor de la empresa estatal".
Además, se incluyen duras sanciones contra los servidores públicos que favorezcan asentamientos no autorizados, avasallamientos o desarrollo de trabajos ilegales en áreas mineras, quienes serán sujetos a proceso con base en la ley de Lucha Contra la Corrupción y el Código Penal.