En el comunicado que difundió, María Inés Rosselot rechaza enérgicamente las acusaciones de Rosalba Marún y asegura que “ninguna de las causales argumentadas son reprochables a mi investidura”. Según la magistrada, en la causa de las expropiaciones que instruye se respetó “el debido proceso” y no se cercenó “ninguna garantía de raigambre constitucional en contra de los hoy imputados, sino por el contrario se extremaron la mismas en cuanto a las garantías procesales, como por ejemplo al momento de ordenar la detenciones”. Sobre esto último advierte que dispuso la detención domiciliaria de Marún para no agravar su estado de salud.
Rosselot reafirma la legalidad de su actuación, al sostener que todo lo que hizo “se encuentra dentro de los parámetros que la ley procesal y penal establecen”. Además, manifiesta que trabajó con “total y acabada imparcialidad…” para “poder determinar el incumplimiento de las conductas en que habrían incurrido los hoy imputados”.