La letra chica del convenio para adecuarse a los alcances de la Ley de Corresponsabilidad Gremial es un punto clave tanto para el empleador como para el cosechador. Es que cada cultivo -19 en total- dispone de una tarifa sustitutiva por hectárea, calculada en base a la cantidad de jornales (ver infografía). Por ejemplo en el caso del ajo, la tarifa por hectárea cultivada es de $618,80 para un total de 13 jornales, que es por lo que en definitiva va a tributar el empleador al fisco. Para el tomate perita equivale a 22 jornales y una tarifa sustitutiva por hectárea que alcanza los $1.047,20 por todo concepto. Estos valores, les permite a los empleadores cumplir con la Ley 26.476 de Aportes y Contribuciones, adecuando la tarifa a la intensidad de los cultivos de la provincia, algo que proponía con un marcado énfasis el sector patronal, que de lo contrario veía imposible el cumplimiento de una legislación de este tipo.
