Gabriela de 38 años reclama lo que hace tanto tiempo espera junto a sus hijas de 6 y 12 años: su vivienda. Sofía Varela, abogada de la joven madre, contó la dramática lucha que ahora debe afrontar su cliente, ya que su expareja la amenazó de muerte si iba a buscar la llave de la casa que le fue adjudicada y luego se enteraron que él la retiró por el IPV.
En abril del 2020, la mujer radicó una denuncia en la Comisaría 7ma contra Carlos (38), quien en ese momento era su concubino y padre de sus dos hijas, porque era violento y alcohólico. La causa cayó en el 3er Juzgado de Familia y el juez dictaminó que la tutela de las menores estaba a cargo de la madre y le impuso una cuota alimentaria al hombre de $15.000 pero que sólo abonó $5.000.
En febrero del 2021, el grupo familiar que conformaba Gabriela resultó sorteado y le adjudicaron una vivienda del barrio Gobernador Carlos Doncel, en Pocito. Inmediatamente, inició un expediente en el IPV para cambiar la titularidad de la inscripción, ya que Carlos estaba como titular del grupo.
Las pequeñas están bajo su guarda y por ende, ella decidió presentar todos los papeles que legitiman que está a cargo de las menores. Pero desde el IPV nunca le contestaron ni revisaron su caso cuando entregaron la llave de la vivienda, según lo que relata su abogada.
Días antes de la entrega de llaves, su expareja la llamó y la amenazó de muerte si se enteraba que iba a buscar la llave. "Por miedo, no fue. Se acercó el viernes pasado por el IPV y le dijeron que el titular del grupo ya había ido a buscar la llave", expresó la abogada.
Su reclamo radica en el expediente que hace tiempo presentó para poder cambiar la titularidad y acceder a la vivienda pero ahora, la profesional contó que desde la entidad pública le contestaron que debe iniciar un juicio de desalojo, lo que sería "un desembolso importante de dinero, que no tiene la damnificada".
Mientras tanto, Gabriela aguarda con miedo y angustia poder acceder a la casa propia y vivir tranquila con sus hijas.