A los abogados penalistas Rolando Lozano y Fernando Rahmé no se les conoce afiliación a un partido político y son litigantes. Rahmé es actualmente integrante del Foro de Abogados, pero no se presenta con la venia de la conducción de la institución y está alejado de su presidente, Isidro Díaz. Los profesionales proponen que en el sistema de designación de jueces se implemente un examen escrito como prueba de oposición (hoy se toma solamente una entrevista), que se ponga en práctica un valorador -puntaje- para que la elección de los ternados no sea arbitraria, que cada miembro del Consejo de la Magistratura funde su voto y que la terna sea enviada a la Cámara de Diputados por orden de mérito.
Aracena-Castillo
José Luis Aracena viene de la Unión Cívica Radical y en la gestión de la Alianza fue ministro de Gobierno; mientras que Alfredo Castillo fue diputado por el Partido Bloquista en dos periodos consecutivos (1999-2003 y 2003-2007). El primero es litigante y el segundo trabaja desde hace tiempo en Fiscalía de Estado; y han participado en varias elecciones del Foro de Abogados. Los dos apoyaron a la lista de Isidro Díaz para presidir la institución y siguen en esa línea, según dijo ayer Aracena. Impulsan que al concurso para ser juez se incorpore el examen escrito de oposición y que para los cinco integrantes del Consejo de la Magistratura sea obligatorio argumentar o explicar públicamente el voto de los ternados.
Suárez-Aracena
Conrado Suárez y Lilian Aracena son abogados litigantes y no registran afiliación partidaria. El primero tuvo un agitado paso por el Foro de Abogados, que terminó con su destitución como vicepresidente -por este tema fue a la Justicia y no tuvo éxito-. Además, el Tribunal de Disciplina de la entidad lo sancionó por razones éticas y lo inhabilitó para ejercer la profesión. Proponen que se ponga en vigencia la ley del Consejo de la Magistratura que suspendió el gobierno en el año 2004 -la que agrega examen de oposición, entre otras cosas-, que se publicite quiénes son los aspirantes al cargo de juez o fiscal y fundamentalmente, que la ciudadanía pueda objetar a los profesionales que se son ternados, como es a nivel nacional.
