El titular del Primer Juzgado de Instrucción, Leopoldo Zavalla Pringles, ordenó la captura de dos docentes de una comunidad terapéutica a la que concurren chicos down, porque sospecha de su presunta vinculación a un delito aberrante con uno de esos niños que tiene 13 años: un abuso sexual grave, dijeron fuentes judiciales y policiales. Según las fuentes ambos sospechosos fueron buscados (sin orden de secuestrar nada) por la policía en su lugar de trabajo, el centro privado "Comunidad Terapéutica Huarpes", en Rivadavia, y en sus propios domicilios de Chimbas, pero anoche no podían ser localizados, precisaron las fuentes.

La denuncia del caso se concretó en el mes de junio pasado en la fiscalía que dirige Fabrizio Médici. Y desde ese ministerio público se requirieron múltiples medidas de prueba al juez Zavalla Pringles, quien luego de evaluar toda la evidencia consideró que correspondía encarcelar a esos sospechosos (de apellidos Díaz y Quiroga) y seguir con la investigación. Tras la denuncia, el niño fue retirado de esa institución.

Según las fuentes, en su doloroso relato del hecho la madre del chico habría referido que su hijo hacía tiempo que le manifestaba sentir dolores en su cola, hasta que un día, cuando rezaban, estalló en lágrimas repentinamente y le contó, con las dificultades propias de su trastorno, el por qué de esas dolencias con sospechosos definidos: quienes le daban clases de folclore y educación física. Entonces la denunciante pareció entender el motivo por el que su hijo se resistía a recibir instrucciones de esas personas, indicaron.

En el relato de la denuncia -precisaron- consta que uno de los ahora sospechosos es señalado como autor de los ultrajes sexuales y el otro como alguien que por lo menos presenciaba esas prácticas, y de alguna manera prestaba su complicidad.

La prueba más contundente que tiene ahora el magistrado es el informe de un médico del Poder Judicial que, sin dudar, habló de la existencia de lesiones típicas de un abuso sexual en el chico. Los informes psicológicos le habrían dado al magistrado otros indicios para reforzar su decisión de ordenar la captura de ambos empleados.

La sospecha que pesa sobre ambos imputados no vulnera su estado de inocencia. Es más, una vez detenidos podrán defenderse, dar explicaciones y aportar las pruebas a su favor. Y si son procesados tendrán otras instancias judiciales superiores pera reclamar. Sólo un fallo condenatorio firme en su contra, decretará su responsabilidad. Por ahora, existe un estado de sospecha que es provisoria pero grave, porque el juez del caso ya evaluó que pueden defenderse, pero deben estar detenidos.