El fiscal Carlos Rodríguez presentó una ampliación de la acusación en la que sostiene su imputación inicial de defraudación contra las arcas públicas, pero al mismo tiempo plantea que podría haber asociación ilícita. El primero de los delitos es excarcelable y el segundo no, por lo que si los implicados son condenados, tendrían que ir a prisión. Se basa en que las irregularidades detectadas no son aisladas, sino que se repiten y que se ven involucrados los mismos actores. Rodríguez les apunta a los abogados Santiago Graffigna y Horacio Alday, a los seis miembros del Tribunal de Tasaciones, a la experito Ana María Melvin, al exfiscal de Estado Mario Díaz y al exempleado de Recursos Energéticos Néstor Ruiz.
