"Por tratarse de un santuario, hemos decidido tener tolerancia cero con respecto al alcohol. Por eso notificamos a los comerciantes y controlaremos que cumplan con la medida". Con esta declaración, la jueza de Paz de San Martín, Zulma Fernández, se refirió a su reciente decisión de salir a poner mano dura con el cumplimiento de algunos puntos de la ley seca en el Complejo Ceferino Namuncurá, donde cada semana van decenas de miles de personas. Básicamente, ya nadie puede seguir vendiendo alcohol allí. No importa si los clientes son mayores, o si van en familia, o si es en pleno día, o en horario de almuerzo o cena. Más aún, mandó despegar todos los carteles y afiches que publicitan cerveza, vino o cualquier bebida de ese tipo. Agregó que ya arrancaron con las clausuras de locales que venden alcohol. Y la medida generó polémica con los comerciantes, que están enojados porque dicen que esa decisión no hace más que ahuyentar a la gente de ese sitio turístico.
Según la jueza, la medida responde a una política de prevención del consumo de sustancias tóxicas. Por eso salió con la Policía a repartir a los kiosqueros del complejo copias de la ley seca. La magistrada se apoya en tres artículos de esa ley: el 20, que prohibe el consumo de bebidas alcohólicas en "lugares de acceso al público"; el 14, que permite la venta sólo a los comerciantes "habilitados a trabajar con servicio de mesa asistido por personal de cocina, personal de comedor, personal de salón", requisitos que, según Fernández, ninguno de los comerciantes del lugar cumple; y el 15, que establece que cualquier comerciante "no estando registrado como expendedor de bebidas alcohólicas, en su negocio no podrá tener existencias, aún cuando se intente justificar su tenencia o consumo para uso personal".
La jueza hizo hincapié en la falta de habilitaciones. Y dijo que si dejaran caer todo el peso de la ley, entonces todos esos locales deberían ser directamente clausurados. "Pero no queremos hacerlo porque esto es preventivo, preferimos que de a poco se vayan poniendo en regla, que puedan trabajar, pero respetando la prohibición de vender alcohol en un lugar de esparcimiento público".
Más aún, la funcionaria dijo que "hemos pedido la colaboración a los comerciantes para que no vendan. Y lo han aceptado bien. La gente también colabora sin problemas y deja de beber. Si no lo pueden dejar, les indicamos cuáles son los tratamientos en el Hospital Marcial Quiroga para dejar de beber".
Pero por su parte, los kiosqueros de la zona están disconformes con la medida y dicen que la cumplirán sólo porque temen que les clausuren sus negocios. Y aseguran que la gente que llega al complejo tampoco está de acuerdo con la prohibición. Una kiosquera, que no quiso dar su nombre, comentó que "hace unos días, a un señor que estaba tomando vino, la Policía le tiró la caja. El señor apagó el fuego del asado y se fue". Y agregó que "yo no entiendo nada de leyes pero esto me parece injusto porque nosotros no le vendíamos a menores y cerramos temprano".
Entre los kiosqueros se puede ver el descontento generalizado. "Esto nos perjudica mucho, no sólo porque no vendemos bebidas, sino porque la gente se enoja y se va. Y si ya no pueden tomar un vino con el asado, van a irse a otro lado", comentó Graciela Silva, una comerciante del lugar.
Actualmente, sólo dos kioscos del complejo conservan en las paredes carteles publicitarios de cervezas. "Nos han hecho sacar los afiches de propaganda, todo. Yo los saqué y los quemé, ¿qué voy a hacer con eso?", comentó José Páez, otro de los comerciantes.