�Según el dictamen del fiscal general ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, ‘los recurrentes sostienen con razón que la presencia en el departamento de Nisman del arma que le dio muerte no está avalada por una explicación lógica‘ debido a que las tres versiones dadas en la causa al respecto son ‘contradictorias y sólo podrían ser corroboradas o no por el fallecido”. Alude así a la declaración del informático Diego Lagomarsino, quien confesó haber prestado la pistola hallada bajo el cuerpo de Nisman, y la del custodio Rubén Benítez, quien también declaró que, en vísperas de su muerte, el fiscal le pidió que le prestara o comprara un arma. Sáenz sostiene además que el departamento habría sido ‘limpiado‘ y por eso no había huellas dactilares salvo las de la víctima; su computadora personal fue manipulada y, ‘el contenido de su teléfono fue borrado‘. También dio crédito probatorio de un asesinato a las declaraciones testimoniales de las entonces diputadas opositoras Patricia Bullrich y Laura Alonso, hoy funcionarias, de que Nisman “lejos de hallarse angustiado o deprimido, se encontraba satisfecho, de buen ánimo, plenamente convencido de la justicia, de sus acciones, y abocado a la presentación que iba a efectuar en el Congreso el 19 de enero, un día después de su muerte. Sáenz fue uno de los principales impulsores de las marchas y actos en reclamo de justicia por la muerte de Nisman: tanto en la multitudinaria movilización que se hizo a un mes de la muerte del fiscal de la UFI AMIA, el 18 de febrero de 2015, como en la concentración que se hizo frente al Palacio de Tribunales el jueves pasado, al cumplirse un año de ese evento. Si la causa pasa al fuero federal, que es el de la propia Arroyo Salgado en la jurisdicción de San Isidro, el caso podría recaer en el juez Luis Rodríguez.
