La semana de paro que llevan adelante la mayoría de las universidades del país tuvo un San Juan una fuerte adhesión. Según las fuentes consultadas, en los colegios preuniversitarios dependientes de la Universidad Nacional de San Juan hubo una adhesión del 95%, mientras que entre un 40% y 60% en otras unidades académicas.
Este medida de fuerza se extenderá durante toda la semana y es impulsada a nivel nacional. En la provincia los docentes que nuclea ADICUS fueron quienes definieron mediante asambleas adherirse a la misma.
De esta manera las universidades y colegios universitarios este lunes mostraron un panorama prácticamente desolador, ya que además de que los docentes fueron los que adhirieron a la medida, también se plegó el personal no docente.
La medida se tomó luego de la media sanción en la Cámara de Diputados de la ley de financiamiento universitario y la advertencia presidencial de un nuevo veto. La semana de medidas fue oficializada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios nucleada en la CONADU, en reclamo de mejoras salariales, financiamiento de gastos de funcionamiento y presupuesto para ciencia y tecnología. El pasado miércoles, el Congreso también avanzó en la declaración de emergencia del sector científico.
El gremio docente enmarca la demanda salarial luego de que el Poder Ejecutivo establezca, de forma unilateral, aumentos para el sector docente universitario de 1,3% para junio, 1,3% para julio, 1,3% para agosto, 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1,1% para noviembre. En su reclamo, consideran estos incrementos insuficientes citando las últimas cifras oficiales, que indican una caída del 28% del salario real de los profesores con dedicación simple y 10 años de antigüedad, en comparación con noviembre del 2023.
Considerando el financiamiento integral de las universidades, un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) relevó que “en términos reales, el presupuesto para 2025 es un 9% inferior al del año pasado y acumula una caída del 32% desde 2023. Este recorte compromete el funcionamiento de las universidades y limita su capacidad para garantizar el acceso a una educación superior gratuita y de calidad”.
