En el marco de la audiencia pública realizada en el Congreso para debatir la modificación de la Ley 26.639, el secretario general de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, expuso la postura del sector trabajador frente a la necesidad de revisar y precisar los alcances de la normativa que regula la protección de glaciares y ambientes periglaciares.
“Venir acá para mí es un orgullo, que nos escuchen a los trabajadores es muy importante”, expresó Mena Muñoz al iniciar su intervención, destacando la relevancia de incluir la voz del sector laboral en un debate históricamente atravesado por tensiones entre desarrollo productivo y preservación ambiental.
El dirigente sindical reconoció la complejidad de la posición que ocupa el gremio: “No es fácil la posición que tenemos, porque siempre nos tocó estar del otro lado, defendiendo nuestras fuentes laborales”, señaló, en referencia a conflictos recientes como la reforma laboral. En ese sentido, subrayó que, si bien representan a profesionales de la actividad minera, mantienen una postura “crítica y combativa”, sin alineamiento automático con las cámaras empresarias.
Durante su exposición, Mena Muñoz fue enfático al afirmar que “proteger los glaciares, la vida y el agua es innegociable”, pero remarcó que esa convicción surge también de quienes habitan en zonas mineras. “Lo decimos nosotros que vivimos en las comunidades, en las ciudades, cerca de los yacimientos”, agregó.
Entre las propuestas concretas, planteó la necesidad de avanzar en un esquema de control internacional sobre la actividad minera en el país, en el marco de una eventual modificación de la Ley de Glaciares. Además, propuso abrir un debate más amplio que incluya una nueva legislación minera nacional. “Nos regimos bajo un Código de Minería de la Nación que tiene más de 150 años. Eso no puede ser, es inaudito”, cuestionó.
En esa línea, impulsó la creación de una Agencia Nacional de Control Medioambiental con participación de todos los actores involucrados: “sectores ambientalistas, trabajadores, empresas, municipios y comunidades”, con el objetivo de fortalecer la fiscalización mediante un ente “autónomo y autárquico”.
Finalmente, el titular de ASIJEMIN defendió la posibilidad de compatibilizar desarrollo y cuidado ambiental. “La discusión es sana, pero no podemos permitir decir que la minería va a venir a contaminar sin generar ningún tipo de desarrollo”, afirmó, y puso como ejemplo la transformación económica de la provincia de San Juan desde la expansión de la actividad minera en las últimas décadas.