Por Mario Alfredo Luna - Abogado y Expresidente del Concejo Deliberante de Jáchal
Por Mario Alfredo Luna - Abogado y Expresidente del Concejo Deliberante de Jáchal
La cordillera que separa a San Juan de la región de Atacama no solo traza un límite geográfico. En el caso del proyecto Vicuña, ese límite político divide también dos filosofías completamente distintas sobre qué significa ser dueño de un recurso natural.
Del lado argentino, el modelo es conocido: el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) le garantiza a Lundin Mining y a BHP estabilidad fiscal y cambiaria por treinta años a cambio de instalarse. El Estado —ni la Nación ni la provincia— no participa como socio del negocio. No hay una empresa pública que se siente en el directorio, que discuta el ritmo de extracción o que capture una porción de la renta minera más allá de la regalía. Y esa regalía, en la práctica, está topeada en torno al 3%, salvo excepciones como la de Mendoza, que ya legisló el 5%. Encima, como vengo señalando en notas anteriores, San Juan y La Rioja ni siquiera tienen asiento en la Comisión Administradora del Tratado Minero Binacional de 1997, que es el organismo que efectivamente gobierna el proyecto compartido con Chile: ese lugar lo ocupan las cancillerías nacionales, no las provincias dueñas constitucionales del recurso.
Del otro lado de la cordillera, Chile juega otro partido. No es que rechace al capital extranjero —lo necesita tanto como nosotros—, pero lo recibe de una manera radicalmente distinta. En litio, el ejemplo más claro, el Estado dejó de limitarse a cobrar impuestos y pasó a ser accionista. Codelco, la cuprífera ciento por ciento estatal, se asoció con SQM para explotar el Salar de Atacama hasta 2060: hoy tiene el 50% más una acción y, a partir de 2031, pasará a controlar directamente la mayoría del directorio. La regalía marginal en litio llega al 40%, la más alta del mundo. No son concesiones indefinidas: son contratos con cuotas,revisables, donde el Estado negocia gestión y no solo renta.
Es la misma lógica que rige el cobre chileno desde 1971: la empresa que extrae el principal recurso del país es del Estado, y punto. El capital privado entra como socio de una compañía pública, no al revés.
La pregunta que me parece ineludible es: si estamos hablando del mismo cordón montañoso, del mismo tipo de mineral, del mismo capital transnacional golpeando la puerta de los dos países, ¿por qué Argentina eligió el camino de mínima exigencia y Chile el de máxima captura de renta y control?
No es un dato menor que a Chile no le sobre plata ni le falten necesidades sociales. Tampoco es que los inversores se hayan ido de Chile por exigirles más: siguen ahí, negociando, cerrando acuerdos a treinta y cinco años. El argumento de que "si les pedís más se van" —el mismo que usamos acá para justificar regalías bajas y ausencia de participación estatal— no resiste el contraste con el país vecino, que en el mismo rubro, con los mismos actores globales, logra sentarse en la mesa como dueño y no solo como recaudador.
Esta no es una discusión ideológica sobre estatizar la minería. Es una discusión más elemental: sobre si un país que reclama soberanía sobre las islas Malvinas —donde ni siquiera tiene la posibilidad de intervenir en la explotación petrolera que una empresa israelí y otra británica llevan adelante en aguas que consideramos propias— puede permitirse, al mismo tiempo, renunciar de entrada a cualquier forma de soberanía económica sobre los recursos que sí controla, dentro de su propio territorio.
Cuando el debate sobre Vicuña vuelva a la agenda —y va a volver, porque las decisiones de inversión ya están tomadas y la producción empieza a asomar en el horizonte— valdría la pena preguntarse si San Juan y Argentina quieren seguir siendo solamente la puerta de entrada del capital, o si están dispuestas a mirar el modelo del vecino y discutir, aunque sea, participar del negocio como socios y no solo como anfitriones.