POLÍTICA INTERNACIONAL
POLÍTICA INTERNACIONAL
Por Rosendo Fraga - Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría
La situación en Cuba es crítica debido tanto a razones económicas como sociales. En particular la falta de combustible, encarecida por el conflicto internacional, agrava el problema. Las manifestaciones de resistencia y protesta que se están realizando no tienen precedentes. El presidente Díaz-Canel se encuentra arrinconado y ha abierto negociaciones con el gobierno de Donald Trump, pero lo hace desde una posición de debilidad. Su idea es llegar a un acuerdo similar al que logró Delcy Rodríguez en Venezuela. Pero ello no parece fácil. Es que la oposición cubana se ha endurecido y quiere un cambio de régimen, no solamente de figuras. Este endurecimiento deriva también del que se está dando en el exilio cubano en Estados Unidos. En esto juega un papel preponderante el Secretario de Estado, Marco Rubio, miembro de esta comunidad. En este contexto debe leerse la decisión del régimen de flexibilizar la inversión de cubanos emigrados en el sector privado de la isla. La medida apunta a atraer capital para áreas estratégicas como turismo, minería y energía, en un momento en que los apagones, la escasez de combustibles y el deterioro de la infraestructura amenazan con profundizar aún más la crisis. Más que un gesto de fortaleza, la apertura parece un reconocimiento implícito de que el esquema económico vigente ya no alcanza para sostener el funcionamiento básico del país.
El gobierno de Trump parece decidido a avanzar en Centroamérica y el Caribe mediante una nueva arquitectura regional de seguridad y alineamiento político. El 7 de marzo realizó una cumbre presidencial en Miami en la cual dio forma al llamado "Escudo de las Américas", presentado formalmente como una coalición militar para combatir a los carteles de la droga, el crimen organizado y la inmigración ilegal, pero con un claro sesgo ideológico y geopolítico. Rodrigo Chávez (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Nayib Bukele (El Salvador), Nasry Asfura (Honduras), Irfaan Ali (Guyana), José Mulino (Panamá) y Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago) integran ese grupo de mandatarios afines a Washington. En los hechos, se trata de un bloque de derecha articulado por Estados Unidos para reorganizar el hemisferio en clave de seguridad, aislar a los gobiernos hostiles y consolidar nuevos socios regionales. Dentro de ese marco, Cuba aparece como uno de los blancos principales de presión. La eventual caída de Díaz-Canel fue presentada por Trump como una "toma amistosa", en una formulación que combina amenaza, tutela y discurso moral. A diferencia de Venezuela, donde el interés estadounidense se vincula más directamente con los recursos energéticos, en el caso cubano la Casa Blanca busca construir una narrativa de "liberación" política. Pero el Escudo no agota allí su sentido: también apunta a contener la influencia china en América Latina, reemplazar mecanismos multilaterales tradicionales por alianzas ad hoc y reforzar una lógica hemisférica de disciplinamiento político. Más que una simple coalición anticrimen, parece ser el instrumento regional de una nueva doctrina de poder impulsada por Washington.
Pero son diversos los intereses de este conjunto de países frente a Trump, como es el caso de Luis Abinader (quien a fines de noviembre del año pasado cedió parte de la base aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de las Américas para el uso militar por parte de Estados Unidos) o Laura Fernández, próxima presidente de Costa Rica, cuya victoria fue leída como la consagración de una versión local del modelo Bukele. En consecuencia, detrás de la aparente homogeneidad ideológica del bloque conviven prioridades nacionales distintas, vínculos asimétricos con Washington y potenciales fricciones que pueden complicar la cohesión del esquema.
Mientras tanto, en Cuba fue incendiada una sede del Partido Comunista durante una protesta. Se trata del único partido político autorizado en la isla. El local fue asaltado durante la madrugada del 15 de marzo por manifestantes que protestaban por los prolongados apagones y la falta de alimentos, un hecho que se da dentro del creciente descontento social en Cuba. Las protestas tienen lugar cuando el país, que tiene nueve millones seiscientos mil habitantes, enfrenta la fuerte crisis económica ya mencionada, debido a la suspensión en enero del suministro venezolano de crudo que había dispuesto Maduro. El presidente cubano reconoció ayer el "malestar social" por los apagones y la escasez de alimentos que vive el país, y denunció al mismo tiempo "actos vandálicos" realizados durante las protestas, anticipando que "no habrá impunidad" frente a estos hechos violentos. Sin embargo, lejos de desactivar la tensión, sus amenazas coincidieron con una nueva escalada de las movilizaciones. En la novena noche consecutiva de protestas se registraron cacerolazos en La Habana y nuevas manifestaciones en localidades del interior, señal de que el malestar ya no es algo aislado sino persistente. Las consignas contra Díaz-Canel, la difusión de videos en redes sociales y los reportes sobre represión policial, heridos y detenidos muestran además que la protesta está adquiriendo una dimensión política cada vez más explícita. De este modo, la crisis cubana está dejando de ser solamente económica y social para convertirse también en una crisis de autoridad del régimen.
Las conversaciones siguen, pero sus resultados son muy lentos.