Las recientes recomendaciones del Fondo Monetario Internacional sobre el sistema tributario argentino reabrieron un debate tan inevitable como incómodo. En el marco del documento "Artículo IV", incorporado a la última revisión del acuerdo con el país, el organismo sostuvo que Argentina necesita avanzar hacia una profunda reforma fiscal para corregir un esquema impositivo que calificó como "complejo, altamente distorsivo e inestable". La propuesta combina una mayor presión sobre algunos sectores con la reducción gradual de impuestos considerados perjudiciales para la producción y las exportaciones.
El diagnóstico del FMI no resulta novedoso. Desde hace décadas empresarios, economistas y especialistas coinciden en que el sistema tributario argentino desalienta inversiones, castiga la formalidad y multiplica trabas burocráticas que afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas. La superposición de impuestos nacionales, provinciales y municipales terminó construyendo una estructura difícil de sostener y poco competitiva frente al mundo.
Sin embargo, la discusión adquiere una enorme sensibilidad política y social cuando las soluciones planteadas implican ampliar el alcance del impuesto a las Ganancias, endurecer las condiciones del monotributo y avanzar hacia una unificación de alícuotas del IVA. El FMI considera que la modificación impulsada en 2023 durante la gestión de Sergio Massa redujo excesivamente la cantidad de trabajadores alcanzados por Ganancias, dejando a menos del 1% de los asalariados formales pagando el tributo. Por ello propone volver a niveles similares a los de 2019, cuando alrededor del 20% de los empleados tributaban.
El argumento técnico apunta a incrementar la recaudación y fortalecer el equilibrio fiscal. Según el organismo, una reforma integral podría aportar hasta un 3,3% adicional del Producto Bruto Interno, destinándose casi la mitad de esos recursos a las provincias. No obstante, detrás de las cifras aparecen realidades concretas: trabajadores asalariados que podrían volver a ver reducido su ingreso disponible en un contexto todavía marcado por la pérdida de poder adquisitivo y años de inflación persistente.
También genera controversia la intención de modificar el monotributo. El FMI reconoce que este régimen permitió incorporar a millones de trabajadores a la formalidad, pero cuestiona que las diferencias con el sistema general fomentan el estancamiento y la fragmentación empresarial. Es cierto que muchos contribuyentes evitan crecer para no saltar de categoría, pero cualquier cambio debe contemplar la fragilidad económica de pequeños emprendedores y trabajadores independientes que apenas logran sostener su actividad.
En contrapartida, el organismo propone reducir gradualmente las retenciones agropecuarias y eliminar el impuesto al cheque, dos cargas consideradas nocivas para la inversión y la competitividad. De concretarse, podrían mejorar las exportaciones y aumentar el ingreso de divisas, algo clave para un país necesitado de dólares genuinos.
La Argentina necesita una reforma tributaria seria, moderna y racional. Pero esa transformación no puede basarse únicamente en cálculos fiscales. Debe contemplar el impacto social, la capacidad productiva del país y un principio elemental de equidad. La eficiencia económica resulta indispensable, aunque jamás debería alcanzarse a costa de profundizar el desgaste de los sectores medios y trabajadores que sostienen buena parte del esfuerzo tributario nacional.
