Si bien la procedencia de algunas medidas no va de la mano a la oportunidad de las mismas, quiero resaltar la importancia y ventajas económico-financieras del "Plan de Incentivos Fiscales a la Inversión Productiva en la Provincia de San Juan'', instrumentado por la ley Nº 1744-I que se sancionara en el mes de Mayo y fuera reglamentada en Agosto pasado. Afirmo que procedencia y oportunidad no siempre son compatibles, porque este instrumento de política económica activa que es viable, procedente y bien concebido, se pretende instrumentar en el peor de los escenarios macroeconómico de la última década.

Si bien hablar de producción y generación de riquezas debería ser la regla y no la excepción, basta con escuchar el torbellino de noticias sobre la rentabilidad de las distintas inversiones financieras, sus rendimientos, tasas y plazos, y la obsesión por seguir en el minuto a minuto la cotización del dólar, para comprobar que un plan que pretende incentivar la producción de los distintos sectores económicos, fomentando la toma de personal e inversiones económicas, parezca en el mejor de los casos sacado de contexto.

"A pesar de una realidad económica que con tasas pasivas del orden del 50%, hacen inviable cualquier proyecto productivo...es meritorio que las autoridades hayan puesto en agenda a la "Producción''.

A pesar de una realidad económica que con tasas pasivas del orden del 50%, hacen inviable cualquier proyecto productivo y en el convencimiento que esta inestabilidad financiera no puede trascender la coyuntura, bajo riesgo de hacer volar todo por los aires, es meritorio el esfuerzo denodado de las autoridades provinciales por poner en agenda a la "Producción'', palabra borrada del lenguaje por el establishment financiero nacional que gobierna actualmente nuestra economía.

Así como desde esta columna de opinión, se han criticado determinadas políticas provinciales como el sesgo minero y su burdo slogan institucional "San Juan Minero'', incompatible con un desarrollo agro-industrial sustentable o la ejecución de "Mega obra pública improductiva'' que fueran íconos de la anterior gestión, es importante resaltar en la actual gestión del gobernador Uñac, el esfuerzo por apoyar y desarrollar la producción, política quizás no tan vistosa en el corto plazo pero sin duda sustentable en el tiempo.

En este sentido se enmarca la Ley de incentivos fiscales, la cual tiene como objetivo principal el subsidio de proyectos de inversión a través de la emisión de certificados de crédito fiscal para la cancelación de obligaciones fiscales provinciales. El programa destinará $1.000 millones, los cuales se asignarán $500 millones a inversores radicados en la provincia y $500 millones a inversores no radicados. El programa tiene previsto hasta un subsidio del 80% en el caso de aquellos proyectos que no superen los $24,3 millones y del 60% cuando superen dicho monto, pudiendo tomarse como contraparte del inversor los inmuebles objetos de la explotación.

Las propuestas de inversión pueden ser ejecutadas dentro de 8 sectores: Energético, Tecnológico, Agrícola-Ganadero, Manufacturas de Origen Agrario (MOA), Manufacturas de origen Industrial (MOI), Minería no Metalífera, Turismo y sectores estratégicos, lo cual le da una apertura productiva importante. Cada uno de estos sectores tiene asignado un cupo de beneficio disponible que va desde los $50 a $70 millones, se debe respetar un monto mínimo de inversión por proyecto que va desde los $1,5 a $4,5 millones según el sector, con un límite máximo de beneficio por proyecto de $27 millones.

El mecanismo de selección de los proyectos es claro y objetivo, los proyectos son presentados por subasta pública a sobre cerrado antes del 31 de octubre para los proyectos de inversores radicados y hasta el 30 de noviembre para los inversores no radicados. La evaluación de los mismos se efectuará de acuerdo a una ponderación en donde se ponderará: Inversión (5%), Generación de empleo (50%), Utilización de Insumos locales (25%), Factibilidad del Proyecto (20%).

Esta factibilidad será dada por un organismo independiente UNSJ, y la selección final de los proyectos a ser subsidiados la efectuará un comité de Adjudicación, siendo la autoridad de aplicación la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones (ASJDI) a cargo del Dr. Fabián Ejarque.

El programa define la entrega de los certificados fiscales a los proyectos seleccionados, en plazos preestablecidos y conforme a la evolución en la concreción del proyecto. Las condiciones integrales del programa pueden ser consultadas en http://www.inversionessanjuan.gov.ar/#asistencia.

Si bien como todo instrumento de política económica, el programa puede ser perfectible, y existen dudas en torno al valor de cotización de los certificados, lo perentorio en los plazos de vencimiento para su presentación, y desfasajes provocados por la devaluación en torno a los parámetros del programa, el cual fue concebido con un dólar a $24,29.

Este esfuerzo del gobierno de la Provincia es complementario a la bonificación de tasas para Inversiones (Línea Global y 550), y bonificaciones de tasas para capital de trabajo (negociación de valores), que junto a la subasta de fondos de calidad San Juan (Fondefin), integran un conjunto de programas y medidas de un gobierno pro-producción.

En oportunidad de la realización del XXII Congreso Nacional de Ciencias Económicas realizado en la provincia, pudimos concluir que el Gobierno de San Juan, a partir de un orden en sus cuentas fiscales, es una de las pocas gestiones que brindan este tipo de instrumentos promocionales.

Está en el empresariado sanjuanino y quienes hacemos su consultoría, la de aprovechar estas herramientas. El único medio de salida a esta crisis, es vía el crecimiento a partir de la generación genuina de riqueza.

Por Carlos Pujador  - Contador Público Nacional.