Por Bruna Soares de Aguiar | Gabriela Aparecida de Oliveira – Para Latinoamérica 21
Chile eligió a su nuevo presidente en diciembre de 2025, reiterando la tradición política de alternancia entre gobiernos de derecha e izquierda, pero con un nuevo componente: la radicalización. José Antonio Kast (Partido Republicano) es el presidente más derechista desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Tras un reciente giro a la derecha en América Latina —en países como Argentina, Bolivia, Ecuador y Honduras—, el electorado chileno dio luz verde al avance de la derecha en su faceta más radical. Tras el estallido social de 2019 y los años del gobierno de Gabriel Boric (2018-2022), una parte significativa de la población se adhirió al discurso securitario y antimigratorio de Kast, así como a sus declaraciones públicas de admiración por Pinochet. Lejos de generar una repulsión generalizada, esta narrativa se relativizó ante propuestas como el endurecimiento de la represión policial y la construcción de un muro en la frontera con Bolivia.
¿Qué representa la elección de Kast para la agenda de género en Chile?
Para movimientos feministas como la Coordinadora 8M, Kast encarna un proyecto político asociado con la destrucción de la seguridad social, la violencia, la regresión de derechos y la impunidad. A lo largo del proceso electoral, el colectivo advirtió sobre los riesgos concretos que la elección del líder de extrema derecha representaba para los derechos conquistados por las mujeres en el país. De igual manera, el Movimiento para la Integración y la Liberación Homosexual (Movilh) declaró estar en alerta máxima ante los resultados electorales.
Estos grupos, en particular los feministas, han desempeñado un papel importante en la política chilena durante la última década, logrando avances significativos en términos de derechos y participación en la toma de decisiones del debate público nacional.
El estallido social de 2019 allanó el camino para una agenda institucional más participativa e igualitaria, incorporada por el gobierno de Boric, que se declaró abiertamente feminista y buscó traducir este compromiso en políticas públicas, así como en una composición gubernamental más representativa de la diversidad cultural, sexual y de género de la sociedad chilena. Entre los avances, se pueden citar: la aprobación del matrimonio igualitario, la creación del registro nacional de deudores de pensiones alimenticias y la promulgación de una ley integral para la prevención y el combate a la violencia contra las mujeres.
A nivel internacional, Chile dio un paso sin precedentes al convertirse en el primer país de Sudamérica en adoptar oficialmente una Política Exterior Feminista. Con un fuerte énfasis en la economía del cuidado, esta política ha buscado consolidar mecanismos institucionales capaces de transformar los feminismos en políticas de Estado, y no solo de gobierno. La pregunta que surge ahora es: ¿cuál será el rumbo de esta agenda bajo la presidencia de Kast?
Los precedentes
Kast es una figura histórica de la política chilena y se ha declarado en contra del aborto. Sus acciones políticas revelan un patrón de oposición a los avances en los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales.
Expertos chilenos identifican este conjunto de posturas como expresión de la denominada «agenda de valores», que, lejos de ser marginal, estructura el proyecto político de Kast y se traduce en ataques directos contra el matrimonio igualitario, la adopción por parejas del mismo sexo y el reconocimiento de la identidad de género.
En la carrera presidencial de 2025, Kast optó deliberadamente por evitar temas relacionados con los derechos sexuales y de género, redirigiendo su campaña hacia agendas como la economía, la seguridad y la reforma social. Esta decisión no representa un cambio ideológico, sino un ajuste estratégico respecto a la llamada agenda de «valores», cuyo objetivo es ampliar su base de apoyo más allá del núcleo conservador tradicional.
El distanciamiento deliberado de este tema no indica un compromiso con la preservación de los avances o las agendas ya alcanzadas, sino que revela una estrategia política ajustada a un contexto de fuerte efervescencia de resistencia feminista en el país.
En su primer discurso como presidente electo, se puede decir que Kast reiteró esta táctica al adoptar un discurso «pacificador», pidiendo respeto a los oponentes y afirmando que gobernaría «para todos». Sin embargo, durante el discurso, este «para todos» no estuvo acompañado del reconocimiento de indicadores de género, sexualidad, clase, raza y etnia, lo cual interfiere directamente con la violencia y las desigualdades que experimentan ciertas poblaciones.
La gran pregunta ahora mismo es si el nuevo presidente cerrará el Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género, si suspenderá la financiación de políticas públicas centradas en la igualdad de derechos y si abandonará la Política Exterior Feminista. Hasta el momento no se ha anunciado ningún cierre, sino una reformulación. ¿Y qué significa eso?
Una cosa ha quedado clara: el género no es una cuestión prioritaria. Y, si no es una prioridad del gobierno, puede fácilmente convertirse en una agenda insignificante, sin financiación y, por lo tanto, sin la fuerza para resistir.
El futuro de los feminismos en Chile y más allá
La elección de Kast se enmarca en un contexto regional de fortalecimiento de proyectos ultraconservadores, como los de Javier Milei en Argentina y la rearticulación de la extrema derecha en Brasil. Países que comparten historias de autoritarismo y violencia estatal también comparten tradiciones feministas forjadas en la resistencia, desde la experiencia de las Madres de Plaza de Mayo hasta las movilizaciones feministas chilenas contemporáneas.
Más que anticipar el rumbo del gobierno de Kast, los feminismos reafirman que la lucha no solo se dará a nivel institucional, sino también en la movilización social, la construcción de redes de solidaridad y la defensa activa de la democracia. En contextos de regresión, ignorar también es una forma de violencia, y la resistencia sigue siendo una urgencia política.