Por Mario Alfredo Luna – Abogado y Expresidente del Concejo Deliberante de Jáchal
Si se toma como punto de análisis dentro de la complejísima situación de Venezuela, antes y después de la operación de “extracción” de Maduro, según el inédito significante lexicográfico aportado por el factual orden internacional prohijado por el Presidente Trump, se colige que, al menos, son cuatro las causas que vale la pena seleccionar para diagnosticar la situación de la explotación petrolera en las últimas décadas en el país hermano de Venezuela.
Marco previo: petróleo estatizado o privatizado
Se discute mucho en términos de marcos teóricos abstractos si el petróleo en naciones periferias, en cuanto a su gestión (no en cuanto a su propiedad que es pública en todo el mundo), debe ser estatizado, privatizado o combinado en algún grado diferencial del prorrateo de acciones, según la situación de las cosas en cada realidad del país de que se trate.
Lo cierto es que si se recurre a la historia petrolera de Venezuela y Argentina, por ejemplo, se aprecia que se ha constatado la vigencia de diversas combinaciones donde hay tiempos donde ha prevalecido el paquete accionario mayoritario estatal, y tiempos donde ha prevalecido el paquete accionario mayoritario privado, combinándose, a su vez, esos formatos con subcontrataciones diversas de empresas privadas petroleras. Así es como en los 70 del siglo pasado en la propia Venezuela se nacionalizaron, por Carlos Andrés Pérez, las explotaciones de los pozos petroleros, pero a través de expropiaciones pagadas y consentidas por las empresas privadas extranjeras que resultaron, a la postre, baratas porque se hicieron cuando estaban a punto de vencerse los plazos de tales concesiones. En Argentina, por su parte, rigió el principio de estatalización completa desde la fundación de YPF como sociedad del estado, hasta que, en los noventa del siglo pasado en la época del presidente Menem, se privatiza la empresa con paquete de mayoría accionaria privada manteniendo el Estado un rol residual (la “acción de oro”) y una participación minoritaria, transformándola de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima para abrirla al mercado.
Luego, durante el gobierno de CFK se estatizó parcialmente la empresa con el 51% de las acciones quedando como accionista mayoritario el estado argentino (estado nacional 26% y estados provinciales 25%). También bajo este esquema de estatización por mayoría de paquete accionario, igualmente, se profundizó la participación privada, en 2013, cuando se firmaron los contratos de concesión de explotación de áreas petroleras no convencionales, en favor de Chevron.
EEUU, al restringir el acceso a mercados y al financiamiento, forzó a la petrolera estatal a usar flotas clandestinas riesgosos y costosísimas para poder vender.
Con lo cual se advierte que las figuras binarias opuestas de público total y privado total, presentadas como contradictorios muchas veces, no alcanza para describir los casos históricos reales porque en los hechos la mayoría de las veces se combinan lo público y lo privado en diversas proporciones accionarias en pos de la mejor productividad.
Las 4 causas de la ineficiencia petrolera
En el caso de Venezuela durante la era Chávez–Maduro, hubo cuatro problemas que obstaculizaron los logros de gestión eficiente siendo esos obstáculos, de diverso orden y naturaleza, los cuales no responden exclusivamente a la lógica interna de la empresa estatal, tal como se verá a continuación.
Esos vectores de obstaculización de la eficiencia en la gestión, son la inflación (política interna), el bloqueo económico (política internacional), los juicios contra Venezuela por empresas petroleras expropiadas (judicial internacional), y mala gestión con aspectos graves de corrupción en el cometido empresarial (cuestión interna de la empresa).
-La inflación: la inflación y la hiperinflación alternándose durante mucho tiempo, llevó a debilitar crónicamente a PDVSA, reduciendo la producción, lo que a su vez comprime las divisas, obligando a imprimir más dinero, lo que dispara la inflación, afectando la industria petrolera y la economía en general.
-El bloqueo: EEUU, al restringir el acceso a mercados y al financiamiento, forzó a la petrolera estatal, a usar flotas clandestinas riesgosos y costosísimas para poder vender, inclusive con descuentos sobre el precio normal (lo que sube el costo operativo), lo que provocó una acumulación de inventarios, una caída de la producción y de las exportaciones, agravando, así, la crisis económica arrastrando también a las importaciones esenciales que no se pudieron hacer para lograr el sostenimiento de la reproducción del ciclo productivo.
-Los juicios: a raíz de distintas condenas en jurisdicción internacional, voluntaria y judicial, se calcula entre 10 mil a 13 mil millones el monto agregado de los fallos judiciales obtenidos en el CIADI y en tribunales de EE.UU en favor de empresas que se fueron por no aceptar los términos del marco general de la expropiación impuesta. Ello, obligó a PDVSA a elevar el pasivo por deudas en moneda dura, que le complican enormemente aún más su situación financiera y la gestión de activos en el extranjero.
Ineficiencia y corrupción: en la gestión de PDVSA se observan problemas estructurales tanto por el lado de la corrupción, como el de una burocracia excesiva y una falta de planificación, según economistas. Ello se puede ver en la histórica debacle de la producción que ha disminuido drásticamente (de 3 millones a menos de 1 millón de barriles diarios), a pesar de los altos ingresos petroleros en el pasado, indicando una gestión deficiente.