Si hay algo que hoy está molestando a la ciudadanía es la falta de responsabilidad y la impunidad con que diputados y senadores votan leyes sin mayores conocimientos del tema o simplemente lo hacen por obediencia partidaria y que luego esas decisiones terminan siendo absurdas y sobre todo onerosas para las arcas del estado nacional, o sea, en definitiva, somos todos los argentinos los que con nuestros impuestos terminamos pagando los caprichos ideológicos o negociados de la clase dirigente.
Algo de historia
Para poder entender de que estamos hablando, debemos remontarnos al año 2012, donde el gobierno peronista de entonces, presidido por Cristina Fernández de Kirchner y vice ministro de Economía era Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, tomaron la decisión de aprobar una ley para la expropiación del 51% de las acciones de YPF, entonces en manos de la española Repsol.
El 3 de mayo de 2012, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la expropiación y en entre los 208 votos afirmativos figuraron los de 6 legisladores sanjuaninos: los peronistas, Daniel Tomas (fallecido), Margarita Ferrá de Bartol (fallecida), Mauricio Ibarra, Rubén Uñac y José Villa, actual dirigente de UPCN y la aliada bloquista al peronismo, Graciela Caselles; mientras en el Senado Nacional lo aprobaron los peronistas Ruperto Godoy, Marina Riofrio y ausente en esa sesión estuvo el entonces Senador Roberto Basualdo.
El conflicto judicial se origina en la forma en que el Estado argentino ejecutó la expropiación mediante el incumplimiento de las normas internas de la compañía. El estatuto de la propia petrolera exigía que cualquier cambio de control accionario obligaba al nuevo dueño a realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al resto de los accionistas. El gobierno argentino ignoró esta cláusula. La negativa a extender la oferta a los accionistas minoritarios constituyó el centro de la demanda.
En su momento, Kicillof desestimó las advertencias legales con una frase que decía: “Tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto”, de cual el fallo judicial, de la jueza Loretta Preska, se basa para demostrar que el Estado argentino incumplió el contrato y lo sentenció a pagar una indemnización millonaria de poco más de 16 mil millones de dólares.
Sentencia y apelación
La jueza Preska ordenó a la Argentina la transferencia del 51% de las acciones de YPF a una cuenta en el Banco de Nueva York Mellon en un plazo de 14 días, como pago parcial de la sentencia. Sin embargo, el Presidente Milei no puede cumplir esta orden directamente, ya que una ley del Congreso prohíbe la venta de ese paquete accionario. La Argentina presentó una apelación al fallo de fondo ante el Tribunal de Apelación, que debe resolver sobre el tema. Aunque todavía queda la instancia de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
La única responsabilidad que, los diputados y senadores tienen, es la ética y la política, pero en un país donde los valores éticos quedaron en el olvido, sería importante agregarles también responsabilidades ante la Justicia.
Hoy toda esta causa ha quedado en una especie de “limbo”, gracias a que se atribuye la intervención del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tiene excelentes relaciones personales e ideológicas con Javier Milei.
Responsabilidad de diputados y senadores al tomar decisiones
Los legisladores tienen la responsabilidad de deliberar y votar sobre leyes que afectan a la sociedad. Esto incluye la creación de nuevas leyes, la modificación de las existentes y la derogación de aquellas que ya no son pertinentes. Los diputados y senadores representan a sus electores y deben considerar sus opiniones y necesidades al tomar decisiones. Deben ser conscientes de que sus acciones tendrán un impacto directo en la vida de las personas que representan. La transparencia es esencial para generar confianza en el proceso legislativo. Los legisladores deben ser abiertos y honestos sobre sus decisiones y los motivos que las respaldan. La ética es un principio fundamental en el ejercicio del cargo. Los legisladores deben evitar conflictos de interés y actuar con integridad en todo momento. Los legisladores son responsables ante sus electores por sus acciones y decisiones. Deben estar dispuestos a rendir cuentas y explicar sus decisiones.
Al tomar decisiones, los legisladores deben priorizar el interés general de la sociedad por encima de intereses particulares, ya sean de grupos de presión o de sus propios intereses. Además de legislar, los legisladores tienen la función de controlar la acción del gobierno, lo que implica exigir transparencia y rendición de cuentas.
Las inmunidades parlamentarias, como la inmunidad de opinión, protegen la libertad de expresión de los legisladores en el ejercicio de sus funciones, pero no les eximen de la responsabilidad ética y política.
En definitiva, la única responsabilidad que, los diputados y senadores tienen, es la ética y la política, pero en un país donde los valores éticos quedaron en el olvido, sería importante agregarles también responsabilidades ante la Justicia.