El sistema educativo argentino atraviesa un punto de inflexión a partir de los cambios introducidos por el Gobierno nacional mediante el Decreto 436/2025, publicado en el Boletín Oficial. La norma deroga artículos clave de leyes que imponían la obligatoriedad, en todo el país, de determinadas materias, talleres y jornadas consideradas sensibles para la sociedad. Se trata de una decisión de alcance nacional que, sin embargo, transfiere a las provincias la responsabilidad de definir qué contenidos mantener o descartar dentro de sus propias jurisdicciones.
Entre las medidas más relevantes se encuentra la eliminación de la obligatoriedad de la Educación Vial como contenido específico en las escuelas argentinas, así como la supresión de la jornada anual “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”, que debía realizarse en todos los niveles del sistema educativo, desde el primario hasta el terciario. A partir de ahora, estos espacios dejan de ser exigencias nacionales y pasan a depender exclusivamente de la voluntad y las políticas educativas de cada provincia.
Desde el Gobierno nacional, los argumentos esgrimidos se apoyan en la necesidad de reducir el sobredimensionamiento del Estado, evitar superposiciones institucionales y avanzar hacia una gestión pública más eficiente, ágil y austera. En el caso de la Educación Vial, se señaló que el Observatorio creado para tal fin nunca llegó a funcionar plenamente y que sus objetivos se solapaban con los del Consejo Federal de Seguridad Vial. En cuanto a “Educar en Igualdad”, se sostuvo que el Estado nacional no asumirá la organización de estos talleres, en línea con una estrategia general de reducción del gasto público y reordenamiento de funciones.
La medida comenzará a regir a partir del próximo ciclo lectivo, aunque por el momento es escasa la información sobre cómo actuará cada jurisdicción. El nuevo escenario abre un abanico de decisiones posibles: algunas provincias optarán por sostener los contenidos eliminados, otras los reformularán y algunas, probablemente, los descartarán por completo. Esta diversidad puede enriquecer el sistema, pero también generar desigualdades educativas si no existe una mínima coordinación federal.
En el caso de San Juan, las señales iniciales indican que la prioridad está puesta en cambios considerados estratégicos, como el fortalecimiento de la alfabetización, la incorporación de tecnología y el endurecimiento de las normas de promoción. El Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo” y el refuerzo de la Educación Técnica concentran hoy la mayor atención, con resultados que comienzan a mostrar mejoras alentadoras.
El desafío, de aquí en adelante, será evaluar con responsabilidad cada una de las modificaciones propuestas por el Gobierno nacional. La autonomía provincial puede ser una oportunidad para adaptar la educación a realidades locales, siempre que las decisiones se adopten con un criterio claro: mejorar la calidad del sistema educativo y no avanzar en su detrimento. El debate recién comienza y exige equilibrio entre eficiencia, contenidos esenciales y formación integral de las futuras generaciones.