El anuncio del inicio del proceso de licitaciones para la construcción del Corredor Norte constituye un paso decisivo para el futuro productivo de San Juan. Se trata de una obra de infraestructura vial de más de 170 kilómetros de extensión, con altos estándares técnicos, pensada para garantizar el acceso permanente a uno de los complejos cupríferos más importantes del mundo, como lo son los proyectos Josemaría y Filo del Sol. Su concreción no solo era esperada, sino necesaria, y su puesta en marcha permite evaluar con claridad el grado de compromiso real que, tanto el sector público como el privado, asumen frente a la actividad minera.
La iniciativa fue oficializada por Vicuña Corp., la empresa conjunta conformada por BHP y Lundin Mining, y contempla la construcción de un nuevo camino que será el principal acceso a los emprendimientos mineros del norte provincial. Esta infraestructura no está pensada únicamente para acompañar la etapa de construcción, sino para sostener en el largo plazo la logística, la seguridad y la sostenibilidad de las operaciones. En ese sentido, el Corredor Norte se proyecta como una obra estructural, con impacto que excede ampliamente el ámbito minero.
El trazado incluye los tramos A, B, C y D, que presentan desafíos técnicos y logísticos de enorme complejidad, y se complementa con los tramos E y F, ya adjudicados a empresas locales. El tramo A, desde Angualasto hasta Junta La Palca, demandará obras de ingeniería de alto nivel, como la construcción de un puente de 100 metros sobre el río Blanco, además de una logística especializada para el manejo de explosivos. Los tramos restantes, hasta La Majadita, implicarán movimientos de suelo a gran escala, sistemas de drenaje y obras de contención, configurando una de las intervenciones viales más trascendentes encaradas en la provincia.
No es menor el hecho de que el proceso licitatorio priorice solvencia financiera, seguridad y capacidad técnica, pero también la integración de mano de obra y servicios locales. Este criterio refuerza la posibilidad de que el impacto económico positivo se derrame sobre las comunidades cercanas, a través de empleo, proveedores y esquemas asociativos que potencien el desarrollo regional.
El costo estimado de la obra, cercano a los 250 millones de dólares, será afrontado por la empresa minera, aunque el camino pasará luego a manos de la provincia. Este esquema, previsto en la Ley 7.281, que permite compensar regalías mediante inversiones en infraestructura, ya ha demostrado su eficacia en experiencias anteriores. El Corredor Norte, de uso público, será una herencia concreta para todos los sanjuaninos.
Cumplir los plazos previstos y acelerar los tiempos de ejecución será clave para que el proyecto minero alcance su pleno desarrollo. Pero también lo será para impulsar un crecimiento integral del norte sanjuanino, donde la conectividad abrirá nuevas oportunidades productivas y turísticas en una región de riquezas innegables.