La eliminación del programa nacional Volver al Trabajo encendió una señal de alarma en los sectores vulnerables de San Juan. La medida de Javier Milei dejó sin ingresos a miles de beneficiarios y puso en riesgo a la red de organizaciones sociales en distintos barrios.
En diálogo con Radio Colón, la referente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos, Ivana Saavedra, describió un escenario crítico: “Acá en la provincia estaría afectando a más de 15.000 trabajadores o compañeros”, señaló, al detallar el alcance de la decisión que comenzó a regir desde el 9 de abril.
Hasta entonces, quienes formaban parte del programa percibían un ingreso mensual de apenas 78.000 pesos, congelado desde hacía dos años. “No era un dineral, pero por lo menos sosteníamos eso y sosteníamos un poco nuestro hogar”, explicó, al remarcar que gran parte de los beneficiarios son “mamás jefas de familia” que además cumplen un rol clave en tareas comunitarias.
El impacto no es sólo individual. Según detalló Saavedra, el recorte golpea de lleno a los espacios de contención que funcionan en los barrios más postergados. “Nosotros estamos en un programa ‘Ni un pibe con hambre’ y al recortarnos eso, se nos recorta también la comida, la llegada de alimentos”, advirtió.
El MTE sostiene comedores y merenderos en zonas como Franklin, Valle Grande y La Esperanza, donde asisten semanalmente hasta 35 niños por espacio. “Son familias de hasta ocho integrantes, la mayoría niños”, precisó. En ese contexto, la continuidad de estos espacios queda comprometida: “Si no tenemos soluciones, van a cerrar merenderos y comedores”.
Como reemplazo del programa, el Gobierno nacional impulsó un sistema de vouchers para capacitación, pero desde las organizaciones lo consideran insuficiente. “Se convierten en vouchers para capacitarnos, pero no sería pago”, cuestionó. A eso se suma una dificultad operativa: “Hasta la semana pasada no había cupos para los cursos en San Juan”.
Ante la falta de respuestas a nivel nacional, las organizaciones sociales comenzaron a reorganizarse para trasladar el reclamo al ámbito provincial. “Nuestra idea es juntarnos como distintas agrupaciones y hacer un reclamo a nivel provincial”, adelantó.
El entramado incluye a movimientos como el MTE, Patria Grande y la UTEP, entre otros. “Son más de cinco organizaciones”, indicó, al tiempo que advirtió sobre el impacto económico general de la medida: “Son 78.000 pesos por 15.000 personas que ya no van a estar. Es muchísimo dinero que deja de entrar a la provincia”.
Sin financiamiento estatal directo para los comedores —más allá de donaciones esporádicas—, el panorama inmediato es incierto. “Resignación y tratar de golpear puertas”, sintetizó.