Un acuerdo que parecía muy difícil de alcanzar se acaba de concretar esta semana para que en forma consensuada se afronte la sequía en la provincia. Un total de 24 entidades privadas y estatales vinculadas al sector agropecuario firmaron un documento con seis puntos básicos que marcan una posición conjunta para generar acciones frente a la grave crisis hídrica provincial. La hoja de ruta contempla desde cambiar la forma en que se gestiona el agua de riego -para distribuir sólo lo que cada cultivo necesita y no desperdiciar-, pasando por crear un comité que se reúna periódicamente con el Gobierno para monitorear el fenómeno, actualizar los datos del estado del acuífero subterráneo, hasta revalorizar las leyes vigentes -de glaciares, humedales- o sancionar otras que sean necesarias. La iniciativa de generar un espacio de dialogo interinstitucional para abordar la sequía la tomó hace unos meses el Consejo Local Asesor del INTA, que dirige Pedro Martín. Se realizaron reuniones multisectoriales -el 11 de agosto y el 16 de setiembre-, y recién en una tercera del 27 de octubre pasado, se logró el consenso y salió el documento que será presentado al gobernador Uñac. "Todos tenían intereses distintos, pero al final, nos unió el agravamiento de la crisis hídrica", dijo Martín. En el documento se ofrecen a colaborar para afrontar la crisis hídrica.
