El caso Ariel Tapia conmocionó a la sociedad como hacía mucho no ocurría. Han existido y seguirán -porque es ingenuo pensar que no va a pasar más- casos similares al del niño de 12 años, pero nunca antes con el impacto que tuvo éste, al menos a juicio de este periodista. Tal vez las redes sociales, la proliferación de los medios de comunicación; el caso mismo, al tratarse de un menor, la difusión de una tierna fotografía del pibe junto a una bandera, o tal vez todos esos elementos juntos ayudaron a que el caso tomara semejante repercusión, no solamente en los noticieros y diarios de San Juan, también fuera de la provincia y hasta en alguna agencia internacional. La pregunta recurrente es: ¿pudo impedirse? No, es la respuesta tajante. Lamentablemente los tiempos que corren indican que esto puede pasar acá, en Nueva York o en Provincia de Buenos Aires, donde son más frecuentes, hay que decirlo. Que las autoridades deben trabajar para que cada vez haya menos Ariel Tapia, también es cierto. ¿Se trabajó bien? No, al principio. La maldita costumbre de los actores de la seguridad de preconceptuar cualquier caso y tratarlo según ese pensamiento retrasó la puesta en marcha de mecanismos más ‘puntuales’ para la búsqueda del chico. Por supuesto que no hay forma de saber si las cosas iban a cambiar si se actuaba distinto. Pero indudablemente es una manera de pensar y actuar que hace mal y que hay que cambiar. Tarea para las autoridades.
El niño salió de su casa el sábado 1 de diciembre como a las 20 para ir a la casa de un amigo, al que no encontró. Y de allí, nadie más supo nada de él, hasta el jueves como a las 20.30 cuando unos policías lo encontraron muerto dentro de una heladera abandonada, como todo mundo sabe. La denuncia la presentó la madre el domingo, luego que pasaron muchas horas. Ahí empezó a trabajar -y trabajar es una forma de decir solamente- en el caso el juez de Menores Guido Ramírez, porque hasta ese momento se trataba sólo de un chico perdido. Es decir, quienes recibieron el caso empezaron por la hipótesis más benévola: que Ariel pudo irse con algún familiar o que estaba en casa de algún amigo, enojado con sus padres por alguna situación que estuvo más bien en la imaginación de los policías y un juez, que en la realidad. Esa forma de actuar ocurre por la simple injerencia de un preconcepto: ‘el chico vive en un lugar humilde, su mamá es viuda y está en pareja con otro hombre y, además, anda mucho en la calle’, seguro pensaron los policías. ¿Resultado? ‘Ya va a aparecer’, la respuesta que le dieron a la madre. Error. Si los policías empezaban por la peor hipótesis, la de una desaparición forzosa, hubiesen hecho rastrillajes, demoraban a su entorno, se los hacía declarar y hasta es probable que él o los responsables no borraran pistas que luego podrían ser usadas en la investigación. Según dijo Eduardo Quattropani, el fiscal General de la Corte ayer en Radio Colón: ‘si uno llega a la casa y falta la heladera, el caso se trata como robo. Pero si lo que falta es un chico, decimos que ya va a volver’. Una excelente forma de graficar lo que ocurrió.
Gioja estuvo ayer con el vice, Sergio Uñac, Walter Lima, secretario General de la Gobenación, Adrián Cuevas, ministro de Gobierno, y el resto de Gabinete de Seguridad, tratando el tema. El Gobernador está preocupado y dolido por el caso y no es para menos.
Un largo camino
Hoy la causa la tiene el juez del Primero de Instrucción Benito Ortiz, recientemente llegado a ese despacho. Pero antes de él hubo otros dos jueces: Guido Ramírez, de Menores, y la penalista Mónica Lucero, según el orden cronológico de lo ocurrido. Cuando el caso tomó estado público, hubo gestiones políticas para que el caso lo tomase un juez penal -Lucero-, que fue lo que finalmente ocurrió. Las gestiones las hizo Quattropani y el ministro de Gobierno Adrián Cuevas, ambos alarmados por lo lento del trámite hasta ese día. Y no hicieron mal. Fue ahí donde empezó la verdadera acción: rastrillajes, toma de declaraciones y todo lo que luego se conoció. ¿Hubo demoras? Sí, porque si el caso se trataba como desaparición forzosa, todo lo que arrancó entre lunes y martes, arrancaba el domingo. ¿Es corregible? Sí, volteando el famoso preconcepto y haciendo lo que tienen que hacer: empezar por la peor hipótesis.
Igual, no hay responsables directos. Son tantos que nadie se animaría a meterlos presos, porque hasta los que encarcelan a las personas, deberían quedar detenidos también, porque también actúan lento. Nadie le puede echar la culpa a los policías que recibieron el caso porque están acostumbrados a tratarlos de la misma forma y nunca antes nadie les dijo que está mal. Y tampoco al juez de Menores, que habrá tramitado infinidad de situaciones similares. Es el sistema lo que hay que cambiar, es la forma de pensar, ¿cómo? Profesionalizando a quienes trabajan en estas áreas, como se está haciendo.