El nuevo acuerdo de paz firmado entre el Gobierno de Colombia y los grupos guerrilleros FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y EP (Ejército del Pueblo) contiene alrededor de 190 ajustes, entre modificaciones y precisiones sugeridas por quienes hace seis semanas votaron por el "No”, en el plebiscito que fuera convocado oportunamente para refrendar la paz que tanto anhela ese país y que terminó posponiendo el objetivo.
En esta ocasión se considera que se ha logrado un acuerdo definitivo, por lo que su implementación no se volverá a someter a otro plebiscito, sino que será elevado directamente al Congreso Nacional para que sea éste el encargado de aprobarlo y ratificarlo.
Para muchos observadores internacionales, esta es la forma en que se debería haber procedido desde un principio, ya que el llamado a plebiscito no sólo postergó la implementación del acuerdo de paz, sino que estuvo a punto de malograrlo haciendo peligrar esta histórica oportunidad.
De todas maneras, que el plebiscito no resultara favorable para las pretensiones del gobierno de Juan Manuel Santos, sirvió para ajustar algunos detalles vinculados a las obligaciones y derechos de cada una de las partes, con los que la gente no estaba muy de acuerdo. En esta tarea se tomaron en cuenta las inquietudes de varios sectores políticos, sociales y religiosos de Colombia.
Si el acuerdo se sostiene en la forma en que ha sido reelaborado, permitirá que los colombianos empiecen a sanar las heridas de un conflicto cruel que ha durado más de cinco décadas, y a construir una sociedad más igualitaria y tolerante.