Buenos Aires, 21 de septiembre.-Diputados del PRO y del
justicialismo disidente presentaron hoy un proyecto de ley de medios con el propósito de ser analizado luego del recambio legislativo de
diciembre próximo, ocasión en la que se modificará la actual
composición de la Cámara.

La iniciativa se propone modificar el texto de la futura ley
de servicios de comunicación audiovisual, cuyo proyecto todavía
tiene que ser aprobado por el Senado y luego reglamentado por el
Poder Ejecutivo.

Los siguientes son los puntos propuestos por los bloques de
derechista del Parlamento:

– La jurisdicción federal sobre los medios de prensa se limita
-de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 de la
Constitución Nacional- a la administración del espectro radioeléctrico y
al establecimiento de presupuestos mínimos en materia de respeto
de los derechos constitucionales y de los derechos humanos.

– Autoridad de Aplicación. Se crea la Agencia Federal de
Medios y Libertad de Prensa (ALIP) con carácter de entidad estatal (no gubernamental) descentralizada, autárquica, con autonomía
funcional y financiera. Estará a cargo de un Consejo Directivo cuyos
miembros serán designados por concurso público evaluado por un jurado integrado por los rectores de universidades nacionales; la Academia de Periodismo y el Centro de Ingenieros.

– Multiplicidad de licencias. Las incompatibilidades por
multiplicidad de licencias son objetivas para evitar monopolios: no más de una radio y una TV (abierta o por cable) por cada localidad.
El plazo de adecuación de licencias es su fecha de vencimiento a
los efectos de respetar los derechos adquiridos. Se establecen
mecanismos objetivos de asignación de frecuencias y licencias.
– La Autoridad de Aplicación podrá, cada 5 años, revisar las
condiciones técnicas de prestación del servicio, al solo efecto de
adecuarlo a los estándares internacionales. Esta revisión se
efectuará previa consulta con las partes y observando el respeto a los derechos adquiridos.

– Las telefónicas no podrán transmitir contenidos propios.
Deben ofrecer acceso a los proveedores de contenidos en condiciones no discriminatorias y a precios internacionales.