Por orden del juez Leopoldo Rago Gallo, la Policía Federal secuestró ayer documentación de 14 empresas constructoras que están en la mira por presuntos sobreprecios pagados en la gestión anterior en el plan nacional de viviendas Techo Digno. Las firmas realizaron 16 ventas sospechosas de terrenos al IPV, que en un caso llegó a pagar hasta un 639 por ciento más del valor inicial del inmueble. En la Justicia Federal esperan ahora un informe del Tribunal de Tasaciones de la Nación, para determinar los precios reales y compararlos con el monto desembolsado por el organismo provincial.
Los operativos ordenados por el juez se llevaron en simultáneo en horas de la mañana. Técnicamente fue una orden de presentación con allanamiento en subsidio y según fuentes vinculadas a la causa, los encargados y propietarios de las empresas entregaron toda la documentación que les solicitaron.
Las fuentes contaron que las empresas en cuestión son Sigma, Perfil, Mapal, Nacusi, Terusi, Daz, Valdivieso, Dicom, Scop, SAV, Construáridos, Miliar, Construcciones Industrial y Guillermo Emilio Fernández. Todas se presentaron en tres licitaciones que convocó el IPV hace dos años para construir casas en Rawson, Pocito y Chimbas, le vendieron terrenos al organismo para ejecutar las obras y ahora están bajo la lupa por supuestos sobreprecios.
La cosa fue así. El IPV llamó a licitación con provisión de terreno y las empresas cotizaron el valor de las casas a construir y de un inmueble que compraron para entrar al proceso. El organismo les adjudicó los trabajos y entre noviembre de 2014 y agosto de 2015 les compró el terreno que ofrecían.
El problema es que el IPV pagó los inmuebles mucho más caro de lo que lo habían adquirido las constructoras apenas unos días antes. Las abultadas diferencias suman 37.551.000 pesos y llamaron la atención de la Unidad de Información Financiera (UIF) primero y después de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que hizo la denuncia que recayó en el juzgado de Rago Gallo (Ver recuadro).
La operatoria se llamaba Techo Digno y se fondeó con recursos de la Nación. Por eso interviene un juez Federal, quien investiga los delitos de defraudación al fisco nacional y lavado de dinero.
En la investigación hay más operaciones que empresas, porque algunas fueron adjudicatarias de dos o tres barrios y vendieron los respectivos terrenos que hacían falta. Sigma, Perfil, Mapal, Nacusi, Terusi, Daz, Valdivieso, Dicom, Scop se presentaron sin compañía en las licitaciones. Mientras que SAV participó en UTE con Construáridos, al igual que Miliar, Construcciones Industrial y Guillermo Emilio Fernández.
El Dato
Por ahora, en la causa no hay imputados con nombre y apellido. Los dos delitos que investiga el juez Leopoldo Rago Gallo son excarcelables, según establece el Código Penal.
Este diario tuvo acceso a todas las operaciones, aunque aún no se sabe a qué firmas corresponde cada una. En la más llamativa, por ejemplo, una empresa adquirió el inmueble a 350.000 pesos y al IPV se lo vendió a 2.588.000, es decir un 639 por ciento más. En otra, la constructora compró a 985.000 pesos y el Estado tomó el terreno a 3.535.000 (255 por ciento extra).
Los empresarios se defienden diciendo que una vez que compran el terreno, tienen que limpiarlo y hacer un complejo proyecto de provisión de servicios que aumenta los costos. Además, sostienen que en el proceso interviene el Tribunal de Tasaciones de la provincia.
La cifra
21 empresas fueron adjudicatarias en las 3 licitaciones. La Justicia apunta a 14.
La Justicia Federal viene de secuestrar documentación en el IPV referida a las las adjudicaciones y los contratos del plan Techo Digno y ayer, de las empresas se llevó prueba del mismo tenor y constancias de la compra inicial de los terrenos. Otro elemento que podría ser clave para el caso es una pericia del Tribunal de Tasaciones de la Nación: el juez le pidió por oficio que haga una tasación de los 16 inmuebles, para ver si lo que pagó el Estado es exagerado o no.
Operativo
Los efectivos de la Policía Federal se desplegaron ayer a la misma hora, para evitar alertas entre unos empresarios (en la foto, en Mapal Construcciones). En los establecimientos hubo sorpresa, aunque en el ambiente de la construcción sabían que en cualquier momento podían ser objeto de un operativo ordenado por la Justicia Federal. Fuentes policiales aseguraron que no se toparon con resistencias y que pudieron completar la misión.
La raíz de todo está en la UIF. Al revisar las operaciones del plan Techo Digno en la administración giojista, les llamó la atención la diferencia de precios que se pagaron en algunos casos. De inmediato mandó los antecedentes a la Procelac, que depende del Ministerio Público Fiscal de la Nación, quien hizo una investigación previa y después presentó la denuncia en la Justicia Federal con asiento en San Juan.
