Los jueces Alberto Caballero, Diego Sanz y Gema Guerrero condenaron ayer a 23 años de cárcel al mendocino José Luis Salinas (47) por el robo seguido de muerte del jubilado Ramón Eduardo Molina (85), asesinado a golpes en su casa del 6.200 Este de la Ruta 20, Santa Lucía, la siesta del 11 de marzo pasado. La pena aplicada, tal como anticipó este diario, fue la que el propio acusado aceptó cumplir en un juicio abreviado logrado a través de su defensora oficial, María Emilia Nielson, con el fiscal coordinador, Adrián Riveros, y los ayudantes fiscales Sebastián Domínguez y Emiliano Pugliese (UFI de Delitos Especiales). Los abogados de la familia de la víctima, Milenko García y Ailen Juri, se habían opuesto a considerar el hecho como un robo seguido de muerte, porque sostenían que hubo un homicidio agravado (criminis causa), castigado con perpetua. Su opinión, sin embargo, no es vinculante en los juicios abreviados.
"La prueba recabada fue abundante y contundente. Así lo entendió también la Defensa y el propio imputado, por eso se llegó a acuerdo de juicio abreviado para evitar un desgaste procesal innecesario. La pena que se acordó fue bastante justa", dijo el fiscal Riveros.
Molina le alquilaba un taller metalúrgico al patrón de Salinas, que un día antes del homicidio le pagó $130.000 de alquiler y eso lo vio el imputado. Luego de matarlo, Salinas huyó en el Renault Megane de la víctima, con una amoladora, el celular, algo de plata y las tarjetas de crédito y débito de Molina, que usó para algunas compras. En su contra pesaban, además, los dichos de las personas a las que les vendió la amoladora, el teléfono y la rueda de auxilio del auto de Molina. Y las cámaras de seguridad que lo captaron en el vehículo.