La situación judicial de Natalio Di Módica, empresario y ex dirigente social, se agravó en las últimas horas luego de que la Justicia de San Juan ampliara la imputación en su contra y le agregara el delito de robo. La decisión fue adoptada por la Unidad Fiscal Delitos Genéricos, que consideró acreditado que el acusado retiró el portero eléctrico del consorcio y desconectó las cámaras de seguridad del edificio, pese a que esos dispositivos habían sido ordenados a secuestrar por el juez Guillermo Adárvez.
De acuerdo a la acusación fiscal, Di Módica habría intervenido directamente sobre los sistemas de seguridad del inmueble ubicado en la zona de avenida Ignacio de la Roza y Florentino Ameghino, en Capital, donde es propietario y vecino. Esa conducta motivó la nueva imputación, que se suma a los graves cargos que ya enfrenta.
En paralelo, la fiscalía allanó el domicilio del imputado con el objetivo de secuestrar armas de fuego que él mismo había manifestado poseer. Sin embargo, durante el procedimiento, el acusado aseguró que las había vendido, por lo que no se encontraron elementos vinculados a esa denuncia.
Mientras tanto, la defensa de Di Módica impugnó la medida cautelar de prisión domiciliaria que cumple en su vivienda del departamento Pocito. Esa presentación aún está pendiente de resolución judicial.
Doce denunciantes y un conflicto que escaló
Di Módica volvió a quedar en el centro de una causa penal luego de haber tenido visibilidad pública años atrás como dirigente social. En aquella etapa, estuvo bajo la lupa judicial por una presunta venta de mercadería del Estado destinada a personas carenciadas. Ahora, el foco está puesto en un conflicto privado que derivó en múltiples denuncias penales.
Según la investigación, al menos 12 vecinos del consorcio lo denunciaron por extorsión, amenazas, usurpación, daño y estafa. La acusación sostiene que el imputado exigía importantes sumas de dinero a los demás propietarios por supuestos trabajos realizados en el edificio y que, ante la negativa de pago, desplegaba acciones intimidatorias, tanto personales como judiciales.
La situación se habría agravado cuando, siempre según los denunciantes, Di Módica se apropió de espacios comunes del edificio, cerrando pasillos y sectores de uso comunitario para destinarlos a su beneficio exclusivo. Además, durante la audiencia se expuso que habría enviado empleados propios a iniciar juicios laborales contra los vecinos, profundizando el conflicto y generando un clima de temor.
Medidas judiciales y prisión domiciliaria
Frente a ese escenario, el juez Guillermo Adárvez ordenó la liberación provisoria de los espacios comunes del edificio y dispuso que se retiren todos los obstáculos que impiden su uso. Para ello, instruyó al Ministerio Público Fiscal a coordinar con la administración del consorcio el retiro de los elementos colocados, hasta que exista una resolución definitiva en la causa.
Otra medida de fuerte impacto fue la orden judicial de retirar las cámaras de seguridad del edificio por el plazo de dos meses, quedando bajo custodia del Ministerio Público Fiscal. El magistrado autorizó incluso el uso de la fuerza pública para ingresar al inmueble y concretar el secuestro de los dispositivos.
Durante la audiencia de formalización, Di Módica manifestó desempeñarse como gerente de la firma FX Neumáticos y aseguró percibir un salario mensual de 15 millones de pesos, un dato que llamó la atención en una causa donde se investigan presuntas exigencias económicas ilegales.
Tras la formulación de cargos realizada por el fiscal Alejandro Mattar, de la UFI Genérica, el juez resolvió formalizar la investigación penal preparatoria por el plazo de seis meses. Consideró que existen elementos suficientes para imputarlo por los delitos de extorsión, daño, usurpación, amenazas y estafa, previstos en los artículos 168, 183, 181, 149 bis y 172 del Código Penal, todos en concurso real y en calidad de autor.
Como medida coercitiva principal, Adárvez dictó prisión domiciliaria por el término de dos meses, bajo control de la Comisaría 4ª y la Oficina de Monitoreo de Arrestos (OMA), con verificaciones aleatorias tres veces por semana. Además, le prohibió realizar cualquier acto intimidatorio o perturbador contra los denunciantes, de manera directa o indirecta, incluyendo redes sociales o terceros.
Un antecedente que vuelve a escena
El imputado arrastra un antecedente judicial resonante. En 2017 fue investigado como principal sospechoso en una maniobra de venta de mercadería oficial del Estado provincial, destinada a familias vulnerables. En ese entonces, dirigía una asociación civil que recibía bolsones de alimentos que, según la investigación, eran vendidos en comercios del departamento Rawson. Aunque estuvo detenido y la causa avanzó como una presunta estafa al Estado, finalmente fue sobreseído.
Ahora, con ese pasado como telón de fondo, la Justicia vuelve a investigarlo por hechos graves, esta vez en el ámbito privado, mientras permanece bajo arresto domiciliario y con una causa que sigue sumando capítulos.