La investigación por la tenencia y distribución de material de abuso y explotación sexual infantil involucró a un joven sanjuanino que tenía 17 años al momento del hecho. El caso se inició luego de un reporte enviado por Google al NCMEC, organismo de Estados Unidos que recibe denuncias de plataformas digitales vinculadas con posibles casos de explotación sexual infantil.
Según consta en el expediente, el 5 de junio de 2026 se detectó la carga de material de este tipo y se logró identificar la dirección IP desde la cual se habría realizado la actividad. A partir de esa información, los investigadores determinaron qué línea telefónica estaba vinculada con la cuenta denunciada y llegaron hasta el joven, domiciliado en el barrio Camus, en Rivadavia.
En un primer momento también fue investigado su hermano mayor, pero su participación fue descartada luego de establecerse que la línea utilizada en la actividad denunciada no estaba asociada a él.
La Fiscalía de Delitos Informáticos y Estafas había encuadrado provisoriamente la conducta como distribución de material de abuso y explotación sexual infantil, un delito contemplado en el artículo 128 del Código Penal.
Sin embargo, durante la audiencia realizada el 18 de agosto, surgió un dato clave: cuando presuntamente ocurrió el hecho, el acusado tenía 17 años, 11 meses y 26 días. Es decir, todavía no había cumplido los 18 años.
Por ese motivo, los fiscales Atilio Yanardi y Silvina Putelli solicitaron que el caso dejara de tramitar ante el juzgado de garantías y pasara al Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia. La defensora Fabiana Salinas estuvo de acuerdo con el planteo.
El juez Pablo León declaró la incompetencia material, que significa que ese juzgado no es el órgano correspondiente para investigar el caso debido a la edad que tenía el acusado cuando ocurrió el hecho.
Así, ordenó remitir de manera urgente el expediente al juzgado de Niñez y Adolescencia, que deberá continuar con la investigación y determinar las medidas que correspondan.