Luego de que la Justicia de San Juan revocara el acuerdo de reparación integral alcanzado con las víctimas y ordenara nuevamente la detención de los acusados del caso Branka Motors: Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega Zuvire, el fiscal Guillermo Heredia fue contundente y aseguró que quedó acreditada “una conducta reticente” de parte de los acusados.
Caso Branka Motors: tras la caída del acuerdo, el fiscal afirmó que los dueños "no tuvieron voluntad" para devolver el dinero
La jueza del caso Branka Motors, Carolina Parra ordenó que Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega Zuvire vuelvan al Penal de Chimbas.
Lo hizo durante una rueda de prensa realizada este lunes 11 de mayo en Tribunales, a tres días de la audiencia en la que los implicados, acusados de ofrecer motos y no entregarlas luego de recibir el pago, quedaron nuevamente presos.
El fiscal sostuvo además que “no hubo ningún tipo de voluntad de solucionar el conflicto y de pagar el compromiso”, por lo que el Ministerio Público Fiscal solicitó la revocación del acuerdo y el regreso de los imputados al Servicio Penitenciario Provincial.
Finalmente, la jueza Carolina Parra hizo lugar parcialmente al planteo fiscal y dispuso cinco meses de prisión preventiva, aunque Fiscalía había pedido un plazo de 10 meses.
Fiscalía rechazará cualquier nuevo acuerdo
Tras la caída del convenio, Heredia descartó de plano la posibilidad de volver a negociar una nueva reparación integral.
El fiscal insistió en que el problema no fue únicamente el incumplimiento económico, sino también la conducta posterior de los acusados. “Un acuerdo puede ser incumplido, pero la conducta asumida por el sujeto obligado es lo que determina o no la posibilidad de mantener ese acuerdo”, explicó.
En ese sentido, detalló que los imputados no presentaron pedidos de prórroga, ni documentación, ni pruebas que permitieran demostrar una intención real de cumplir con los pagos comprometidos.
Los bienes embargados y el futuro de la causa por estafa
Durante la audiencia, Fiscalía también solicitó el remate de dos inmuebles y tres vehículos pertenecientes a los acusados para avanzar sobre las garantías ofrecidas en el acuerdo. Sin embargo, ese pedido fue rechazado por la jueza y actualmente está siendo analizado por la Unidad Fiscal.
Heredia confirmó que los bienes ya se encuentran embargados preventivamente y sostuvo que la Fiscalía insistirá con la posibilidad de ejecutar esos activos.
Además, la jueza resolvió mantener vigente la Investigación Penal Preparatoria por el plazo de 12 meses, lo que permitirá continuar profundizando medidas vinculadas a movimientos financieros y patrimoniales relacionados con la firma, que operaba en Avenida Rioja y 25 de Mayo, en Capital.
Según explicó el fiscal, el proceso penal continuará enfocado en determinar responsabilidades penales y esclarecer el destino de gran parte del dinero denunciado por las víctimas, que fueron a comprar una moto a la consecionaria Branka Motors y que jamás recibieron el vehículo.
En cuanto a las posibles condenas, Heredia recordó que el delito de defraudación por engaño prevé penas de un mes a seis años de prisión, aunque aclaró que la existencia de 356 hechos investigados podría elevar considerablemente la expectativa de pena.