La causa judicial por las presuntas estafas de Branka Motors sumó este viernes un nuevo y contundente capítulo. La jueza Carolina Parra resolvió revocar el acuerdo de reparación integral alcanzado entre los tres imputados y los 352 damnificados debido al incumplimiento del primer pago comprometido, y ordenó además cinco meses de prisión preventiva para Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega Zuvire en el Servicio Penitenciario Provincial.
La resolución se tomó luego de una audiencia clave solicitada por Fiscalía, representada por el fiscal Guillermo Heredia, titular de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. El planteo se basó en que los propietarios de la firma no abonaron el pasado 25 de abril la primera cuota pactada dentro del acuerdo judicial que buscaba reparar económicamente a las víctimas.
Con la caída del convenio, los tres imputados salieron esposados de la sala de audiencias, mientras afuera de Tribunales decenas de damnificados aguardaron una definición judicial. El perjuicio económico total investigado asciende a unos 524 millones de pesos.
El insólito episodio durante la audiencia
Uno de los momentos más llamativos de la jornada ocurrió cuando Jonatan Marcó aseguró en plena audiencia que el pago sí se había realizado. Según trascendió, afirmó no saber quién había efectuado la transferencia, pero sostuvo que tenía certeza porque “Dios se lo dijo”.
La declaración generó sorpresa e incredulidad en la sala. Ante esa afirmación, se dispuso un cuarto intermedio para verificar si efectivamente el dinero había ingresado. Sin embargo, luego de más de 20 minutos de revisión, se confirmó que no existía ningún pago acreditado.
La situación provocó indignación entre varios de los damnificados presentes, quienes ya habían manifestado su preocupación por la demora en recuperar parte del dinero perdido y por la pérdida de valor de los montos acordados en medio del contexto inflacionario.
Fiscalía pidió más medidas, pero fueron rechazadas
Durante la audiencia, Fiscalía también solicitó que la prisión preventiva fuera de 10 meses y pidió el remate de dos inmuebles y tres vehículos pertenecientes a los acusados. No obstante, esos requerimientos fueron rechazados por la magistrada.
Pese a ello, la jueza sí resolvió mantener vigente la Investigación Penal Preparatoria por el plazo de 12 meses, lo que permitirá continuar profundizando las medidas sobre movimientos financieros y patrimoniales vinculados a Branka Motors.
La causa investiga presuntas maniobras fraudulentas relacionadas con operaciones comerciales realizadas por la firma, que funcionaba en Avenida Rioja y 25 de Mayo, en Capital. Según la investigación encabezada por Heredia, todavía resta determinar el destino de gran parte del dinero denunciado por las víctimas.
Qué contemplaba el acuerdo caído
El convenio de reparación integral establecía la devolución del dinero en cinco cuotas distribuidas a lo largo de cuatro meses. La falta de cumplimiento del primer pago terminó derrumbando el entendimiento judicial que había permitido que los imputados continuaran en libertad bajo ciertas condiciones.
Desde la querella habían advertido previamente que, si no existían respuestas concretas, pedirían dejar sin efecto el acuerdo y revisar los beneficios procesales otorgados a los acusados. Finalmente, esa postura fue respaldada por la resolución judicial.