Una violenta gresca vecinal ocurrida en el barrio Las Pampas, en Pocito, que terminó con disparos y la muerte de un hombre, volvió a tener un capítulo judicial este lunes 9 de febrero de 2026. Uno de los dos imputados por el homicidio, Alejandro Lara Firmapaz, intentó recuperar la libertad, pero la Justicia rechazó su pedido y ratificó que seguirá preso por un año, como estableció el juez de primera instancia.
Se trata de uno de los acusados por el crimen de Ricardo Caballero, quien murió tras recibir un disparo de arma de fuego durante un enfrentamiento entre vecinos. A través de un recurso de impugnación presentado por su abogado defensor, Manuel Gimenes Puchol, el imputado buscó revertir la prisión preventiva que pesa en su contra.
La audiencia se desarrolló en Tribunales y estuvo a cargo del juez de impugnación Juan Carlos Caballero Vidal hijo. Durante la misma, la defensa solicitó la revocación de la medida coercitiva, mientras que el fiscal de impugnación, Fabrizio Médici, se opuso de manera firme al planteo y pidió que se mantenga la resolución dictada en primera instancia.
Luego de escuchar a las partes, el magistrado resolvió a favor del Ministerio Público Fiscal y confirmó la prisión preventiva por el plazo de un año, tal como había sido dispuesto originalmente.
El hecho investigado ocurrió en el barrio Las Pampas y tuvo como saldo la muerte de Ricardo Caballero, de 41 años, quien recibió un disparo en el abdomen en medio de una gresca vecinal de extrema violencia. Pese a ser operado de urgencia, la víctima falleció tras agonizar durante dos días.
Por el crimen están imputados Alejandro Lara Firmapaz, señalado como el autor del disparo mortal, y Jonatan Arancibia, conocido como “El Tarta”, acusado de haber facilitado el arma de fuego utilizada en el ataque. Arancibia no apeló la medida cautelar, por lo tanto no estuvo presente en la audiencia de este viernes.
Ambos enfrentan cargos como coautores de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, amenazas agravadas, violación de domicilio y daño.
En la audiencia de formalización, el fiscal Iván Grassi remarcó la gravedad del episodio y el clima de conflictividad que atraviesa el barrio, con denuncias cruzadas y amenazas entre vecinos. En ese contexto, el juez Alberto Caballero ordenó un año de prisión preventiva para los imputados, que deben cumplir la medida en el Servicio Penitenciario de Chimbas, junto con el mismo plazo de investigación penal preparatoria.