La situación judicial de Natalio Di Módica volvió a complicarse. Este martes 10 de febrero de 2026, a pedido del fiscal Alejandro Mattar, el juez Guillermo Adárvez resolvió extender por dos meses más la prisión preventiva domiciliaria que cumple el empresario y ex dirigente social, investigado por una serie de delitos contra vecinos de un edificio ubicado en Capital.
De esta manera, Di Módica continuará detenido en su casa, en Pocito, pese a los argumentos expuestos por su defensa, encabezada por los abogados Gustavo y María Rosa Sánchez, que había solicitado el cese o la morigeración de la medida. El imputado permanece bajo control de una comisaría y la Oficina de Monitoreo de Arrestos (OMA), con verificaciones aleatorias semanales.
La decisión no fue un hecho aislado. Apenas cuatro días antes, el viernes 6 de febrero, el juez de impugnación Renato Roca ya había rechazado un recurso de revocación y confirmado la prisión domiciliaria, en lo que significó otro revés judicial para el acusado.
Previo a esto, el fiscal Mattar amplió la imputación y agregó el delito de robo, a partir de una conducta que habría ocurrido dentro del mismo consorcio en conflicto.
Según la acusación, Di Módica retiró el portero eléctrico del edificio y desconectó las cámaras de seguridad, a pesar de que esos dispositivos habían sido expresamente ordenados a secuestrar por el juez Adárvez. Para la fiscalía, esa maniobra constituyó una apropiación indebida de bienes comunes y una desobediencia a una orden judicial, lo que derivó en la nueva imputación.
El edificio en cuestión está ubicado en la zona de avenida Ignacio de la Roza y Florentino Ameghino, en Capital, donde el acusado es propietario de una unidad y mantiene desde hace tiempo un conflicto con otros vecinos.
En el marco de la investigación, la fiscalía también ordenó un allanamiento en el domicilio del imputado, con el objetivo de secuestrar armas de fuego que el propio Di Módica había dicho poseer. Sin embargo, durante el procedimiento aseguró que ya las había vendido, por lo que no se hallaron elementos vinculados a esa denuncia.
Un conflicto que escaló
La causa se originó a partir de las denuncias de al menos 12 vecinos del consorcio, quienes acusaron a Di Módica por extorsión, amenazas, usurpación, daño y estafa. De acuerdo con la investigación, el imputado exigía importantes sumas de dinero por supuestos trabajos realizados en el edificio y, ante la negativa de pago, desplegaba distintas acciones intimidatorias.
Entre los hechos denunciados figuran presiones personales, amenazas y la promoción de conflictos judiciales. Incluso, durante las audiencias se expuso que habría enviado empleados propios a iniciar juicios laborales contra vecinos del consorcio, lo que profundizó el clima de tensión y temor.
Otro punto clave del expediente es la presunta apropiación de espacios comunes del edificio. Según los denunciantes, Di Módica cerró pasillos y sectores de uso comunitario para destinarlos a su beneficio exclusivo, situación que motivó una intervención directa del Poder Judicial.
Frente a ese escenario, el juez Adárvez ordenó la liberación provisoria de los espacios comunes y dispuso el retiro de todos los obstáculos que impedían su uso. Para cumplir con esa orden, instruyó al Ministerio Público Fiscal a coordinar las tareas con la administración del consorcio, incluso con autorización para el uso de la fuerza pública si fuera necesario.
En 2017, Di Módica fue investigado por una presunta venta de mercadería del Estado provincial destinada a familias vulnerables, cuando dirigía una asociación civil. Aunque estuvo detenido y la causa avanzó como una posible estafa al Estado, finalmente fue sobreseído.
Ahora, con ese pasado como telón de fondo, el empresario y ex dirigente social enfrenta una investigación que sigue sumando hechos, imputaciones y decisiones judiciales adversas, mientras permanece bajo arresto domiciliario y a la espera de nuevas definiciones en una causa que promete más capítulos.