La Justicia sanjuanina investiga un fraude millonario que tiene como víctimas a una reconocida fiscal de San Juan y como principales sospechosos a su empleada doméstica, el esposo y los hijos de esta, quienes habrían utilizado una tarjeta de crédito Visa que nunca llegó a manos de la funcionaria.

El caso comenzó a conocerse el 15 de septiembre de 2025, cuando la fiscal de impugnación Silvina Gerarduzzi realizó una denuncia desde España, país en el que se encontraba de viaje. Ese día recibió múltiples correos de alerta de consumo provenientes de entidades bancarias y de plataformas, avisándole que se estaban registrando compras con una Visa terminada en 0915, un plástico que ella jamás había recibido ni activado.

Al revisar los movimientos, detectó consumos realizados entre el 8 y el 10 de septiembre, entre ellos compras por $160.485, $106.999, $97.295, $53.495, $394.465, además de un intento fallido de $622.360,23 vinculado a un usuario identificado como Brian Jesús Retamoso a través de Mercado Pago.

Sandra Mónica Balmaceda era la empleada de Gararduzzi.

Sorprendida, la fiscal se comunicó con Visa y allí surgió el primer dato clave: le preguntaron si conocía a personas de apellido Retamoso, dado que varios consumos estaban asociados a ese nombre. En ese momento, la funcionaria recordó que su empleada doméstica, Sandra Mónica Balmaceda, trabajó en su casa desde 2018 hasta marzo de 2025 y que sus hijos se llaman Antonela Abigail Retamoso y Brian Jesús Retamoso, mientras que su pareja es Juan Domingo Retamoso.

Brian Jesús Retamoso.

La mujer también recordó que en agosto había iniciado un trámite para dar de baja todas sus tarjetas, aunque ese pedido nunca se concretó totalmente. Pese a ello, nunca vio ni recibió la tarjeta terminada en 0915, y recién entonces supo por qué: el plástico había sido entregado por el guardia de la garita directamente a Balmaceda, quien nunca le informó a su empleadora sobre la llegada del plástico.

Juan Domingo Retamoso.

La maniobra comenzó a esclarecerse con la ampliación de la denuncia realizada el 16 de septiembre, cuando la fiscal recibió nuevas notificaciones de consumo por $320.230 en Mercado Pago. A pedido del Ministerio Público Fiscal, la plataforma confirmó que la tarjeta había sido adherida a las cuentas de Juan Domingo Retamoso y Antonela Abigail Retamoso, quienes realizaban pagos con el plástico ajeno.

Antonela Abigail Retamoso.

La investigación preliminar determinó que Antonela Retamoso habría provocado una desvalorización total de $2.126.610 mediante consumos y transferencias y Juan Domingo Retamoso habría generado consumos por $1.390.870.

La sumatoria de consumos aprobados y rechazos arroja un fraude proyectado cercano a los $6.6 millones.

Incluso se constató que Brian Jesús Retamoso intentó efectuar una transferencia por más de $600.000, operación que fue bloqueada por seguridad del banco.

El análisis de los movimientos bancarios, informes del Banco San Juan, documentos aportados por la víctima y reportes de Mercado Pago fue decisivo para confirmar la trazabilidad del dinero y el uso indebido de la tarjeta.

Los cuatros imputados serán investigados en libertad.

Con estas pruebas, la fiscalía avanzó con allanamientos, el secuestro de dispositivos electrónicos y la imputación formal del grupo familiar. La causa sigue en manos del equipo de investigación que emitió los oficios al Banco San Juan, Mercado Pago y la División Delitos Económicos, con medidas probatorias aún en curso.

El fiscal Pablo Martín, junto con el fiscal ayudante Federico Pereyra, imputó a Juan Domingo y Antonela Abigal Retamoso por el delito defraudación por el uso indebido de tarjeta en calidad de autor. A Brian Jesús Retamoso, por el mismo delito, pero como tentativa de defraudación y la exempleada de la fiscal, por participe necesario.

El fiscal Pablo Martín (derecha) y el fiscal ayudante Federico Pereyra (izquierda) formularon los cargos.

El juez Javier Figuerola aceptó la imputación y ordenó que la investigación penal preparatoria sea por 10 meses y obligó a los imputados a que se sometan a la investigación y no tengan ningún tipo de contacto o acercamento a la presunta víctima.