La Corte de Justicia, bajo la presidencia de Guillermo De Sanctis, ya le comunicó al Consejo de la Magistratura que es necesaria la cobertura de vacantes para reforzar el sistema acusatorio, el cual arrancará el próximo lunes con la investigación fiscal de todos los delitos, ya que lo venía haciendo de manera parcial. De esa manera, el organismo lanzará un concurso para 11 puestos de fiscales y tres de defensores oficiales. Si bien todavía no hay una fecha, es casi un hecho que se definirá pronto, teniendo en cuenta que quedan cinco días para que empiece a rodar el nuevo mecanismo de investigación penal y el proceso de selección de magistrados lleva su tiempo.

Además de este nuevo concurso que está a pasos de iniciarse, está en marcha otro por siete cargos judiciales: se trata de una vacante en el Juzgado de Paz de Calingasta, uno en el de Valle Fértil, uno en el de Ullum, uno en Capital y en el Tribunal de Impugnación Penal. A estos, se les sumó un lugar en una fiscalía y otro en una asesoría de menores. Dicho proceso tuvo un total de 340 inscriptos y se espera que, en las próximas semanas, el Consejo arranque con las entrevistas a los postulantes.

La puesta en marcha del sistema acusatorio en su totalidad es una fuerte apuesta a dar una eficiente y rápida respuesta judicial a una gama de delitos que hasta esta semana eran abordados por el viejo mecanismo penal, denominado mixto, en el que la investigación, la indagatoria y el procesamiento del imputado recaía en manos de los jueces. Además de la contradicción de que un magistrado investigue y juzgue a un sospechoso, se le suma que, según las estadísticas del Poder Judicial, el viejo mecanismo apenas tenía un nivel de resolución de causas del 9 por ciento, por lo que era duramente criticado.

Con el acusatorio, la investigación queda en poder de los fiscales y los jueces se encargan de controlar que se respeten las garantías constitucionales de los imputados. Así, el mecanismo establece una estructura de Unidades para cubrir toda la gama de delitos, con el fin de reducir los plazos de juzgamiento y enfrentar entre 26 mil y 28 mil causas anuales.

Para fortalecer el mecanismo, la Corte ya dio otro de los pasos, el cual tiene que ver con la dotación de fiscales, a través de la comunicación al Consejo de la Magistratura para que dispare el concurso para designar 11 fiscales. El jefe del Ministerio Público, Eduardo Quattropani, había señalado que "vamos a comenzar con un déficit notable en la cantidad de fiscales, dado que el proceso de selección y designación recién podría concluir en abril". No obstante, indicó que, "si todos ponemos voluntad y decisión política, San Juan será ejemplo nacional". Incluso, hay fuentes que indicaron que los nombramientos pueden estirarse hasta mayo o junio.

Entre los cargos, además, se sumaron los tres defensores oficiales. Por lo tanto, es un hecho que habrá una gran cantidad de inscriptos ante el nuevo concurso.

Desde el lunes, se sumarán tres nuevas Unidades Fiscales de Investigación (UFI): Delitos Contra la Propiedad, Delitos Informáticos y Estafas y la UFI Genérica. Las que venían en funcionamiento son las de Delitos Especiales, Anivi, CAVIG y Flagrancia.

Articulación policía y abordaje territorial

El fiscal General, Eduardo Quattropani, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, y el jefe de Policía, Eduardo Lirola, presentaron ayer ante los uniformados y representantes del Ministerio Público el mecanismo por el cual articularan la Unidad de Abordaje Territorial con el trabajo que realizarán los efectivos policiales ante un ilícito.

Durante el encuentro que se realizó en la Dirección de Bomberos D-9, explicaron que, con la puesta en marcha del sistema acusatorio en su totalidad, la Unidad de Abordaje Territorial estará integrada por fiscales, ayudantes de fiscales y la policía. De esta forma, mediante un equipo de comunicación, será la encargada de recibir los ilícitos y determinar a qué unidad fiscal le corresponde y definir el despliegue de los ayudantes fiscales al lugar del hecho.

En ese marco, la unidad operará desde una oficina en el palacio de Tribunales, junto a una sucursal del Cisem 911. Para lograr la puesta en funcionamiento del acusatorio a full, se diagramó un plan de acción de 24 horas en la que trabajarán 34 ayudantes fiscales, que estarán repartidos en diferentes turnos. Así, en base al cronograma, en la mañana habrá cuatro ayudantes fiscales, en la tarde cinco y en la noche tres. No obstante, ante cualquier contratiempo que pueda tener alguno de los profesionales de turno, también habrá tres suplentes.

En la actualidad, el Ministerio Público cuenta con 39 fiscales y 118 ayudantes fiscales. Además, tiene 148 funcionarios y agentes (entre los que hay administrativos y técnicos), más 48 profesionales de otras áreas (médicos, psicólogos, asistentes sociales, entre otros).