El Concejo Deliberante capitalino había sacado una ordenanza para que la empresa IVISA, que maneja los casinos, pasara de pagar poco más de 45 mil pesos a 200 mil pesos por sala de juego en 2017. Pero en el medio hubo un acuerdo entre el Ejecutivo municipal y la compañía para que el desembolso fuera menor, convenio que nunca pasó por el Legislativo, tal cual era la obligación. Y los ediles establecieron este año otro aumento de la tasa sobre el monto que habían fijado en un principio, por lo que la firma acudió y tuvo el aval de la Justicia, pero desde el área legal de la comuna no siguieron impulsando la apelación y la causa quedó firme. Por todo eso, los concejales decidieron ayer mandar el expediente a la Justicia para que se investigue si hubo irregularidades por parte de los funcionarios de la gestión del intendente Franco Aranda, como el incumplimiento de sus deberes, durante sus actuaciones en toda la causa.

La movida fue iniciada por la oposición, pero contó con el respaldo de los oficialistas. Así, sacaron una resolución en la que dispusieron el envío de los registros del caso a la Fiscalía penal en turno. Cuando tome conocimiento de las actuaciones, el representante del Ministerio Público deberá estudiar la causa y decidir si realiza el llamado requerimiento de investigación. Al incluir a los peronistas, la jugada es vista por fuentes calificadas como un resquebrajamiento con la administración de Aranda y la necesidad de cubrirse ante presuntas anomalías.

La génesis de la disputa se dio en 2016, cuando el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza Tributaria para el año siguiente. En las contribuciones sobre las diversiones y espectáculos públicos, el rubro referido a casino y sala de juego pasó de 45.248 pesos a 200 mil mensuales por sala e IVISA tiene tres en Capital. La empresa cuestionó la cifra por inconstitucional y confiscatoria y acudió a la Justicia, cuyo reclamo recayó en el Primero Civil, a cargo de Sergio Rodríguez, quien falló a su favor. En el medio, el Ejecutivo llegó a un convenio con la compañía por un canon de 100 mil pesos, dijeron fuentes municipales. El edil Ricardo Marún, de Dignidad Ciudadana, resaltó que "se modificó la ordenanza, la cual nunca llegó al Concejo y nunca tomamos conocimiento. Fue una actuación rara. Entonces, se dejan caer las instancias de apelación contra la sentencia de primera instancia porque presuntamente estaba este acuerdo". En ese marco, Juan Sansó, de Actuar, además había señalado que se le hizo una condonación de 7,5 millones de pesos a IVISA.

En base a la tasa que habían establecido en 2016, los concejales le aplicaron este año un aumento del 30 por ciento, por lo que se fue a 260 mil pesos. La compañía volvió a cuestionar el monto y el reclamo cayó otra vez en el juzgado de Rodríguez, quien de nuevo declaró inconstitucional la tasa por confiscatoria. El municipio apeló, pero la causa quedó firme, ya que el magistrado declaró la caducidad de instancia, lo que reveló la inactividad desde el área legal del municipio durante los plazos previstos en la etapa de apelación, que derivó en que la pelea judicial quedara sin efecto y no se pudiera revertir el resultado.

Ese punto cuestionó Sansó, ya que señaló que no se dio la defensa que era necesaria para proteger el patrimonio municipal.

Luego de todos los vaivenes, el Concejo Deliberante terminó fijando una tasa de 178.200 pesos para este año.

Fallos antagónicos

En Rawson, el Concejo Deliberante había impuesto un aumento más alto que en Capital a las salas de juego de IVISA. La empresa había presentado un amparo, pero el juez Abel Soria, del Civil Nº11, había resuelto de manera antagónica a su par Sergio Rodríguez. Soria había sostenido que la empresa nunca demostró que el Estado municipal haya establecido un monto confiscatorio.

Recaudación

6,4  Millones de pesos apuesta recaudar la Capital este año por la tasa que le cobra a IVISA por las tres salas de juego. Por cada una debe desembolsar 178.200 pesos.

• Recambio en las filas municipales

El 10 diciembre, Franco Aranda dejará el timón municipal en manos del actual ministro de Gobierno de la provincia, Emilio Baistrocchi. El alfil uñaquista le ganó la interna y luego se impuso en la general contra el actuarista Rodolfo Colombo. Tanto Aranda como Baistrocchi han mantenido diálogo para encarar la transición, una de las más largas desde 1999.

El cambio de gobierno implica también una modificación en el Concejo Deliberante. Baistrocchi tendrá mayoría con siete ediles: Ariel Palma, Mirta Ormeño, Alfredo Nardi, Beatriz Muñoz, Irene Romera, Fabián Juárez y Jorge Godoy.

Por el lado de la oposición, seguirá el actuarista Juan Sansó e ingresará Gerardo Cáceres, hermano del diputado nacional Eduardo Cáceres. También está el actuarista Sergio González, el basualdista Ricardo Gutiérrez y uno de los apoderados del frente opositor, Mariano Domínguez.